Alejandro Rodríguez Cortés*.
Está por darse la madre de todas las batallas políticas en este pernicioso gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación: la que paradójicamente tiene que ver con defender la democracia electoral que hizo posible la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.
La lógica diría que el presidente de la República, quien se autodefine como demócrata, no se atrevería a atentar contra un sistema que no solo organizó, operó, calificó y validó el proceso electoral con el que fue investido como jefe del Estado y del gobierno mexicanos, sino que le ha cambiado el rostro político a un país donde hace no mucho tiempo no se contaban bien los votos para elegir a sus gobernantes.
Y no se confundan. No hablo del 2006 ni de la necia perorata del fraude. Hablo de la primera alternancia estatal en Baja California en 1989; de las reformas de los años 90; de la transición de 1997; de la alternancia presidencial en 2000; de sucesivos cambios de partido gobernante en 2006, 2012 y 2018. Y hablo, lectores, del ciudadanizado Instituto Nacional Electoral.
El presidente López Obrador no quiere ahorrar dinero público, porque si así fuera no estaría tirando cientos de miles de millones de pesos en obras públicas tan falsamente magnas como inútiles. El tabasqueño simple y perversamente sigue el guión del autócrata que llegó por la vía democrática y luego la quiere dinamitar para perpetuarse él mismo o su grupo y proyecto.
Si Andrés Manuel quisiera hacer más eficiente el gasto público no repetiría como tarabilla la perorata de que el INE es caro e ineficaz, sino que dejaría de echarle dinero bueno al malo en los barriles sin fondo que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con penosos resultados financieros exhibidos nuevamente justo en estos días. No. Lo que quiere es un sistema electoral a modo con autoridades sumisas y abyectas que hagan exactamente lo que él dicte. Como lo hizo ya con otros organismos autónomos.
No podemos permitir que a la institución que tanto trabajo costó construir y que es bien evaluada por la población en general, con excepción de los fanáticos resentidos por la derrota obradorista de hace 16 años, le pase lo mismo que a la hoy lamentable y penosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o a los organismos reguladores especializados en energía o competencia económica, por ejemplo.
Si permitimos que AMLO reproduzca aquel modelo de partido único y estatismo que añora, donde el gobierno es juez y parte en materia electoral, las siguientes generaciones nos lo reclamará duramente, porque no habremos logrado evitar un gravísimo retroceso histórico.
Está claro: el pretexto es económico, pero la intención aviesa es destructora de nuestra democracia. Autoridades electorales que respondan a intereses políticos y no a la voluntad popular; personajes que se hagan jueces por su popularidad y no por sus capacidades jurídicas especializadas; candidatos a legisladores que llegarán por cuotas partidistas y no por representación directa.
En contra de todo eso, yo estaré en la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral el próximo domingo 13 de noviembre. Salgamos a la calle a gritarle NO al aspirante a autócrata.
Periodista, comunicador y publirrelacionista.
@AlexRdgz
