México.- En el marco del 185 periodo ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática el día de ayer sobre el “Respeto y garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de producción y comercio de armas en las Américas”. Esta sesión pública se llevó a cabo de manera virtual y fue transmitida en las cuentas institucionales de la CIDH.
El debate fue solicitado por el Estado mexicano como una forma de contribuir a la estrategia integral para combatir el tráfico ilegal de armas en la región americana. Se contó con la participación de diversos Estados, organizaciones no gubernamentales orientadas a la prevención de la violencia por armas de fuego y tráfico ilícito de estas, así como de instituciones académicas especializadas en derecho internacional.
Si bien en ocasiones anteriores la CIDH había abordado los temas sobre la regulación del comercio de armas y la violencia que estas generan en Estados Unidos, particularmente los tiroteos en escuelas, esta es la primera vez que la Comisión analizó los efectos de esta violencia en la región. En específico, la audiencia se centró en dos ejes principales: la responsabilidad de las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de armas por la falta de debida diligencia; y las consecuencias negativas en el respeto a los derechos humanos que generan sus prácticas negligentes en el hemisferio.
Durante su intervención en representación del Estado mexicano, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, hizo énfasis en las afectaciones que ha sufrido México por las prácticas negligentes de las empresas de armas en Estados Unidos. Por otro lado, comentó que la inmunidad que otorgan las leyes en ese país impide el acceso a tribunales por parte de las víctimas de violencia por armas de fuego, y con ello la oportunidad de regular estas prácticas comerciales.
Los representantes de Bolivia y Paraguay coincidieron en que es imposible ignorar la relación existente entre la comercialización de armas y el incremento de la violencia en el hemisferio, como un problema contemporáneo de derechos humanos que amenaza el derecho más fundamental de todo ser humano, el derecho a la vida.
Por su parte, Jonathan Lowy, representante de la organización Global Action on Gun Violence, compartió la falta de regulación que tiene la industria de armas en Estados Unidos, y la existencia de leyes como la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas de Estados Unidos (PLCAA, por sus siglas en inglés), que protegen a las empresas de armas de ser demandadas por las víctimas de la violencia que generan, e impiden el acceso a la justicia: “la inmunidad conduce a la impunidad”.
El debate también tuvo importantes aportaciones por parte de organizaciones académicas como el Instituto Asser. El Dr. León Castellanos-Jankiewicz explicó que, conforme al derecho internacional público, los Estados están obligados a proporcionar mecanismos de acceso a la justicia en caso de violaciones a derechos humanos, por lo que tienen la obligación de adoptar medidas internas para derogar leyes como la PLCAA, que violan el derecho de acceso a la justicia.
De manera similar, John Lidsay-Poland, representante del proyecto Stop US arms to Mexico Global Exchange, indicó que los fabricantes y exportadores tienen un papel importante en la exportación de armas, a fin de evitar que estas caigan en manos del crimen organizado. Concluyó que es necesario implementar mecanismos para identificar a los usuarios finales de las armas.
En relación con la situación que enfrenta Brasil, Bruno Langeani, de Conectas Brazil, expuso que el incremento del uso de armas ha generado efectos drásticos en la violencia en la región (siete de cada diez homicidios se cometen con armas). Asimismo, recomendó que la venta de armas debería tener en cuenta si las armas terminan en las manos del crimen organizado, destacando que esta falta de control no solo es un tema de seguridad, sino que también ha puesto en peligro la democracia y las elecciones.
La representante de la organización Global Thought, Montserrat Martínez Téllez, recomendó mantener las buenas prácticas que incorporen a la sociedad civil en las discusiones sobre el rol de los fabricantes de armas en la facilitación de la violencia y la debida diligencia en materia de derechos humanos. Además, sugirió implementar ejercicios de transparencia proactiva y proceso abiertos que den cuenta del destino final de las armas.
Finalmente, la CIDH, incluyendo las relatoras para México, comisionada Esmeralda Arosamena, y para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, relatora Soledad García, reconocieron la problemática y los daños que causan al hemisferio las armas traficadas ilícitamente. Se destacó que América Latina es la región más peligrosa del mundo, en gran medida por el acceso fácil a las armas; razón por la cual se debe hacer algo en contra de la negligencia de los productores y vendedores de armas.
Con esta convocatoria y participación en la audiencia ante la CIDH, el Gobierno de México abre un nuevo foro para continuar con sus esfuerzos encaminados a que la industria de armas modifique sus prácticas comerciales, con el objeto de reducir el tráfico ilícito de armas de fuego a México y la región, en pro de la promoción y protección de los derechos humanos.
Con información de la SRE
