Ernesto Zavaleta.
La presión social; las impugnaciones legales; suspensiones judiciales dictadas por jueces federales a las reformas aprobadas, y la propia reforma al decreto de 2019 que dio forma a la Guardia Nacional (GN), ahora en manos de los Congresos estatales, establecen la fecha de caducidad de la militarización pero sólo en materia de seguridad pública en el país.
Tres expertos consultados por Oraciones a San Lázaro coinciden en que la militarización en seguridad pública tiene fecha de caducidad, no puede ni debe pasar del 2028, en el peor de los casos, los militares deben regresar a las cuarteles y volver a ser una fuerza de apoyo extraordinario a las fuerzas civiles.
En ello coincidieron el Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Alberto Woolrich Ortiz; uno de los abogados penalistas de mayor trayectoria en el país, José Luis Nassar Daw, y el comunicólogo y ex jefe de comunicación social de las principales dependencia de procuración de justicia y policía preventiva, Octavio Campos Ortiz.
Por un lado se agudiza el enfrentamiento en los tribunales del Poder Judicial entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por las reformas a las leyes que integraron a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando el pasado lunes 16 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo con el que un juez federal en Guanajuato otorgo la suspensión provisional a la aplicación de esas reformas
Ahora será el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito quien determine que si las leyes aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso y publicadas el 9 de septiembre pasado en Diario Oficial de la Federación son o no constitucionales y si procede o se da reversa a la integración de la GN a la Sedena.
Esta pugna jurídica marca el camino que seguirá la reforma al decreto de marzo de 2019 con el que se pretende ampliar el plazo de permanencia de los militares en la GN hasta 2028, aun cuando la gira por el país del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tenga éxito y logre la aprobación de las modificaciones en 17 de los 32 congresos estatales, una vez aprobada vendrán las impugnaciones y demandas por inconstitucionalidad de la reforma.
Así lo explicó el Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Alberto Woolrich Ortiz, a Oraciones a San Lázaro:
“Una vez aprobada la ley tendrá que ser analizada en sus bases constitucionales, para poder definir si hay algún aspecto y se presenten demandas de inconstitucionalidad de la Ley y que las conozca la SCJN, esto es la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación para iniciar su análisis y presentación de denuncias ante la corte. No hay materia en este momento para determinar la constitucionalidad o no”.
Cada día que pasa mientras el gobierno insiste en esta militarización, a la impugnación judicial se sumará la protesta social porque “México no puede seguir ensangrentándose mientras espera que un cuerpo militar de seguridad pública funcione y revierta una tendencia creciente a la violencia y estemos en manos de una FGR encabezada por corruptos como Alejandro Gertz Manero, que usa la fiscalía para venganzas y persecuciones personales y encargos del presidente contra opositores”, agregó Woolrich Ortiz.
En entrevista con Oraciones a San Lázaro uno de los más prestigiados abogados penalistas, José Luis Nassar Daw, explicó que ahora ya existe una fecha de caducidad para la militarización de la seguridad pública nacional, pues de aplicarse la reforma a la Ley de la GN la fecha de regreso de los militares a los cuartes es muy clara: 26 de marzo de 2028.
Sin embargo, los errores persisten desde hace más de una década, “a partir de la reforma del 2008, reforma de justicia penal y seguridad pública, una reforma de seguridad pública y procesal penal, no se avanzó en la capacitación y reforzamiento de las policías locales, y dejarle la seguridad a policías incapaces es un error.
“Ahora la reforma especifica ese tiempo y tenemos que reforzar a esas policías, federal, estatales y municipales como una fuerza paralela que entrara en vigor cuando se vayan los militares”.
Nassar Daw subrayó que uno de los principales problemas de que provocan la inseguridad es un índice de impunidad de 96% o más, se requiere de un proceso acusatorio eficiente “que se basa en la investigación policial y los militares no saben hacerlo, y está claro que va a ser un caos en estos años –hasta el 2028-porque los miliares no lo saben hacer”.
“Hay que crear una carrera de policiología, fuerzas del orden preparar detectives, policías de investigación, es ahora que las universidades públicas deben incluirse en esta carrera contra la delincuencia y que en tres años o cuatro salgan las primeras generaciones en el 2027 o 2028”.
El penalista explicó “la guardia nacional no tiene facultades de investigación para fortalecer la consignación y procesamiento de delincuencia, hasta ahora tiene facultades de prevención policial o ejecución de mandatos judiciales. Esa investigación la tiene las policías de investigación de las fiscalías”.
Lamentablemente, dijo, tanto la policía de investigación federal como las estatales, dependientes de la FGR y fiscalías de cada estado, no están conectadas ni con la GN ni entre ellas, “es una división absurda, la policía debe ser una y debe ser autónoma de las fiscalías como en Brasil que ha dado buenos resultados, pero son policías preparados durante años. Debe haber una policía única”.
Por su parte, Octavio Campos Ortiz, ex director de comunicación social de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y las secretarías de seguridad pública federal y de la Ciudad de México, así como ex colaborador del ahora titular de FGR, fue enfático:
Darle más tiempo a los militares es reconocer que fracasaron en las tareas de seguridad pública, más allá de las medidas legales de la reforma, lo que hacen es encubrir que fallo el proyecto de la guardia nacional”.
El comunicador acusó al actual gobierno de denigrar a las policías civiles en todos sus niveles, en todos los renglones operativos: Inteligencia, cibernética, secuestros, prevención del delito, “en todos esos temas han sido menospreciados los policías civiles, sin presentar una alternativa capaz, eficiente, para sustituirlos con militares y ahí están los resultados”.
De hecho, dijo Campos Ortiz el gobierno de Morena no empieza una militarización, legaliza la militarización que ya lleva varias décadas, y sigue siendo un error, “la solución no es que hay más soldados sino que haya una estrategia para combatir al crimen organizado. Y no hay una estrategia clara porque no se ha hecho nada para establecer la prevención del delito
Y coincidió con Nassar Daw, “los soldados y marinos no previenen, abaten, atacan, además con la desventaja de obedecer órdenes basadas en una política de abrazos, no balzos; no han reducido ni la comisión de delitos, ni han la impunidad con la que se comenten, que está por arriba del 96%, porque no hay una política criminal en el país, y eso solo lo pueden hacer los policías civiles federales, estatales o municipales”.
No se entiende, dijo, que los grandes criminales se dedican a lavar dinero, los capos ahora no son los que se dedican a extorsionar, secuestrar o las drogas, en México aún estamos esa etapa de perseguir a los que cobran derecho de piso, rescates o disparan las armas, y no a los criminales los que generan grandes cantidades de dinero, y que infiltran y corrompen a las economías con ese dinero.
“Y ahora financian campañas políticas y han accedido al poder político, lo que no se considera en la estrategia de combate de la Guardia Nacional. No hay trabajo de inteligencia, y si lo hay no se aterriza como lo muestran las filtraciones de los 6 terabys. Esto no puede continuar más tiempo sin que el país colapse ante los carteles del crimen”.
Bajo esas condiciones, la militarización de la seguridad pública debe ir de salida a partir de hoy para concluir en el 2028… En otras áreas sigue avanzando el poder político de los militares…
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