México.- México, Chile y Colombia tienen algo en común, los tres países latinoamericanos buscan descriminalizar el uso de cannabis con un cambio en las políticas de drogas.
En dichas naciones hay diversos colectivos y organizaciones que impulsan la legalización para avanzar en una sociedad igualitaria y se erradique la violencia generada por el tráfico ilegal.
En México, el Congreso ha tardado más de tres años en sacar una ley que permita regular todas las partes de la cadena de producción del cannabis, así como garantizar el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad de quienes consumen.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo modificar los artículos de la Ley General de Salud que atentan contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir el autoconsumo adulto de cannabis, además de armonizar el marco legal para garantizar su acceso.
En 2021 que el pleno de la SCJN aprobó y publicó la declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI), un mecanismo jurídico que elimina la prohibición administrativa y obliga a la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgar autorizaciones para el uso adulto de la planta.
A la fecha, Cofepris no se ha pronunciado frente al tema, tampoco ha publicado los lineamientos para adquirir las autorizaciones, y como resultado, las personas solicitantes se ven forzadas a denunciar a la instancia por incumplimiento de la DGI.
El Congreso mexicano ha prometido retomar el tema en la agenda legislativa de este periodo ordinario de sesiones para hacer modificaciones al proyecto y considerar cuestiones de derechos, como eliminar la necesidad de mantener un registro de personas usuarias, y delimitar los espacios autorizados para consumir cannabis. Además, es necesario fortalecer las medidas que permitan que comunidades cultivadoras participen de manera equitativa en el mercado.
Una situación similar es la que enfrenta Chile. Pues desde 2005, la Ley 20.000 despenalizó el autocultivo de cannabis con fines tanto terapéuticos, como personales y hasta espirituales. El consumo en espacios privados de cualquier sustancia está permitido, pero si las autoridades sorprenden a alguien con ‘pequeñas’ cantidades, pueden recibir un castigo de prisión de 1 a 5 años, a menos que se justifique que es para consumo personal e inmediato.
Ante ello, la sociedad civil ha buscado tratamientos con la planta para aminorar las complicaciones de salud de sus seres queridos en la clandestinidad.
Este año, el Congreso quiso dar un paso más adelante con el fin de abordar los problemas de la política de drogas actual, la diputada Ana María Gazmuri presentó una iniciativa para modificar la Ley 20.000. La propuesta promete quitarle el mercado al crimen organizado, y promover los derechos de personas usuarias.
Mientras que Colombia ha dado de qué hablar en los últimos meses. El cambio de administración que puso en la Presidencia a Gustavo Petro ha dejado a entrever que se vienen reformas alentadoras en su política de drogas.
El país cuenta desde 2016 con una regulación para uso medicinal, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP; y ahora el gobierno ha mencionado su intención de dar continuidad a este proceso, incluso abriendo la posibilidad de cultivar cannabis sin necesidad de licencias, para facilitar la participación en la industria, y el acceso adulto a la planta. Aquí, el autocultivo ya es legal con un límite de hasta 20 plantas.
Colombia tiene la oportunidad de retomar el proceso interrumpido de construcción de paz; pero antes tendría que aterrizar la implementación del punto 4 del acuerdo. Desde 2020, un grupo en el Congreso conformó una coalición parlamentaria llamada Regulación por la Paz, que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil empujó una iniciativa que fue aprobada en la Comisión Primera del Senado en abril, mediante la cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca, y sus derivados, como la cocaína.
No hay pretexto para que el presidente Petro no incluya este tema también en su plan nacional de gobierno, sobre todo cuando lo que se busca es el bienestar y reconciliación con comunidades conurbadas.
Aunque se han dado algunos pasos para lograr la regulación del cannabis en México, Chile y Colombia, todavía queda mucho por ver en los próximos años respecto a la transformación en las políticas de drogas.
Redacción
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