Rubén Cortés.
Ya se ve de dónde pueden surtirse aviones para la aerolínea del Ejército: cancelarán permisos a las naves privadas, a las que se les haya vencido el Certificado de Aeronavegabilidad y en 60 días no inicien el trámite, o soliciten prórroga.
Esto es algo que hizo Vladimir Putin en Rusia. El tecnicismo que aplicará México es a través de la cancelación del registro de nacionalidad y matrícula, por lo que tiene en marcha una revisión de Circular Obligatoria: la CO-AV-21.2/07.
La cancelación impedirá a los propietarios usar sus aviones, operarlos, venderlos o trasladarlos, lo cual permitirá declarar esas aeronaves como “abandonadas”, quebrará las empresas y hará inviables los negocios privados en la aviación.
Es populismo a pulso. Evo Morales hizo algo parecido en Bolivia, con la Ley de Empresas Sociales, que plantea: “Si un empresario privado no puede o abandona o está en déficit, los trabajadores se organizan para tener una empresa social”.
En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, va detrás de siete millones de viviendas de quienes no las ocupan, porque se han ido del país en espera de que mejoren algún día las actuales crisis económica y de seguridad.
La convocatoria está disfrazada de “censo”, y ha sido denunciada por dirigentes comunitarios y víctimas de invasiones como un operativo para ubicar inmuebles desocupados y llenarlos luego con usurpadores procedentes de sus bases de votantes.
Y, ojo: en México hay 8.6 viviendas deshabitadas, según el programa Universitario de Estudios de la UNAM. Son inmuebles de personas que perdieron sus empleos en la pandemia, o dificultades para pagar las hipotecas.
En la idea del gobierno de cancelar permisos a naves privadas, sucede que si en un sector demostró impericia es en la aviación: en cuatro años no pudo vender un avión, y remendó un aeropuerto con lo que pudo construir dos, pero aún no puede echarlo a andar.
El avión presidencial (que el presidente no usa), usó (estando estacionado) 331 millones de pesos el año pasado, sólo en mantenimiento y arrendamiento, siendo que costó apenas cinco mil 792 millones de pesos en 2012. Más caro el caldo que las albóndigas.
Pero el colmo es que, ahora, el propio gobierno recomprará su propio avión en más de lo que le costó al gobierno de Felipe Calderón: el Presupuesto de 2023 autorizó seis mil 449 millones de pesos para que los militares adquieran el avión. Es de risa loca.
Igual que el aeropuerto civil “Felipe Ángeles”, construido al vapor sobre el aeropuerto militar de Santa Lucía: en medio año no ha podido arrancar, por lo que el propio gobierno tiene que subvencionarla con dos mil 600 millones de pesos.
No pudieron vender el avión presidencial, no funciona el AIFA.
Pero quieren expropiar aviones. Ajá.
