Raúl Flores Martínez.
La actual administración federal, se ha caracterizado por el olvido y protección a defensores de derechos humanos, medio ambiente y periodistas que han caídos bajo las balas del crimen organizado.
No es raro que México sea el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2021, seguido por Colombia y Brasil.
De acuerdo con el informe “Una década de resistencia: Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo, México registró el mayor número de asesinatos, con un total de 54 personas asesinadas en 2021, frente a 30 asesinatos contabilizados el año anterior.
Por tercer año consecutivo en el que el país registra un alza en asesinatos. El informe destaca la violencia de género detectada en estos ataques, alrededor de 1 de cada 10 de las personas defensoras asesinadas eran mujeres, casi dos tercios de las cuales eran indígenas.
En cuanto a los sectores en los que ocurrieron estos ataques letales, la organización señala que poco más de una cuarta parte se relacionaron con la explotación de recursos (madera, minería y agronegocios a gran escala) y represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.
En este sentido, la minería fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos con 27 casos, con la mayoría de los ataques en México (15).
De los 12 asesinatos en masa registrados, cuatro tuvieron lugar en México.
Algo que debemos destacar, es que en México, más del 40 por ciento de las personas asesinadas eran indígenas y más de un tercio del total se trató de desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui.
Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.
El informe destaca también que en México la impunidad es generalizada, pues más del 94 por ciento de los delitos no se denuncian y sólo se resuelve el 0,9 por ciento.
De acuerdo al informe, la agresión más común fue la intimidación con 65 registros (27.31 por ciento del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13 por ciento) las amenazas con 31 registros (13.03 por ciento) las agresiones físicas con 24 registros (10.08 por ciento) y los homicidios con 22 registros (9.24 por ciento) entre otros.
El 46.3 por ciento de las agresiones fueron dirigidas hacia miembros de comunidades indígenas, seguido de un 27.8 por ciento dirigido hacia integrantes de organizaciones de la sociedad civil y, en tercer lugar, un 17.6 por ciento orientado hacia personas defensoras independientes.
Este informe fue entregado al Gobierno Federal; sin embargo, no tiene ningún posicionamiento ante estas muertes, por ser algo que no les interesa.
La organización también desagrega el componente de género, e indica que los eventos de agresión cometidos en contra de mujeres defensoras ambientales ascendieron a 5, (4.63%); mientras que aquellos realizados contra hombres defensores alcanzaron una cifra de 55, correspondiente al 50.9%. En 2021, agrega, se registró la comisión de una probable desaparición forzada en contra de una mujer defensora.
Geográficamente, Guerrero, Sonora y Morelos fueron las entidades con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca.
