Ernesto Zavaleta.
Uno de los requisitos para cumplir las condiciones de los senadores que aprobaron mantener a los militares en la Guardia Nacional hasta el 2028 es dar recursos a estados y municipios para fortalecer sus corporaciones policiacas.
Y para ello empiezan por incautar, robar, las cuentas bancarias “abandonadas”, que suma alrededor de 21 mil millones de pesos botín que deberán entregar las instituciones bancarias a la Secretaría de Hacienda y ésta lo repartirá 40% a la federación, 30% a los estados y 25% a municipios para invertirlo exclusivamente a seguridad.
Sin oposición en la cámara de los diputados la gran mayoría de estos, 483 de los 500, sin votos en contra, decidieron que era mejor despojar de su dinero a cuentahabientes que no han registrado movimientos en sus cuentas bancarias de no más de 50 mil pesos durante los últimos tres años, que revisar y reasignar recursos del presupuesto propuesto por el Ejecutivo para 2023.
Previamente a la decisión de incautar las cuentas bancarias, el vicecoordinador de los diputados federales del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, aseguró que a partir del presupuesto de egresos de 2023 “se va a considerar dar los fondos necesarios cada año, para fortalecer las policías civiles, a fin de que los estados y municipios sean capaces de brindar seguridad con eficiencia cuando en el 2028 los militares se retiren de las calles”.
El diputado del PRI señaló que presupuesto presentado por el gobierno federal para 2023 no responde a las necesidades reales del país, y “se va a cambiar no sólo en materia de seguridad, sino en todos los ámbitos. Debemos hacer una reasignación de los recursos que responsa a las necesidades de la población”.
Y subrayó en entrevista con Oraciones a San Lázaro que un sistema de justicia y de seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil, y “ese es las policías municipales, esperamos que la gente pueda caminar con tranquilidad por las calles”.
Combatir la corrupción ya no es pretexto para no dar esos recursos a las autoridades locales, dijo el legislador, “el marco normativo ya existe, ahí están las armas y mecanismos para garantizar la correcta aplicación de los recursos y respeto a las reglas de operación a partir de esta reforma, y es obligación de las autoridades federales de vigilar y castigar a quienes desvíen o corrompan a aplicación de estos recursos”.
Se debe revertir la tendencia implantada por Morena de debilitar a las corporaciones civiles estatales y municipales, hasta entonces, advirtió, la actuación de la Guardia Nacional deberá ser extraordinaria para cumplir con las obligaciones que se establece en la reforma a la Ley que ahora la rige, no sólo dar resultados en el combate al crimen, sino hacerlo con absoluto respeto a los derechos humanos y deberán acreditarlo con un informe detallado ante el Congreso al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
Paralelamente los diputados aprobaron las modificaciones del Senado a la minuta original, en los próximos meses la reforma al decreto de marzo de 2019, que dio forma a la Guardia Nacional, será analizada por los 32 congresos locales de las entidades del país para consolidar su carácter de reforma constitucional y legalizar la permanencia de los militares en labores de seguridad pública hasta marzo de 2028.
Aún no es Ley, pero ya obliga a los poderes legislativo y ejecutivo federales dominados por Morena a tomar medidas que contravienen lo hasta ahora aplicado por el gobierno de la 4T en la materia, tendrán que abandonar, desde la mañanera hasta su discurso partidista en cada estado, su política de denigrar e ignorar a toda autoridad y elementos estatales y municipales involucrados en la seguridad pública, con hechos.
La mayoría de Morena en el Congreso y el presidente de la República deben pasar de debilitar a las fuerzas policiales de estados y municipios a darles mayores recursos económicos; capacitar y equipar a sus elementos; apoyarlos con información y labores de inteligencia, y sobre todo confiar en ellos como la primera línea de contención y combate al crimen organizado y la delincuencia común.
Por ahora la realidad está muy lejos de los objetivos e intenciones legislativas.
La masacre en Totoloapan, Guerrero, y el enfrentamiento por más de 24 horas entre grupos criminales en Santa Martha Chiapas, son sólo ejemplos de la realidad del país, donde más de 118 mil militares vestidos de policías y cientos de miles de policías incapaces, desarmados y sin equipo, por decreto, tendrán que buscar la manera de trabajar juntos, al menos hasta 2028.
De enero a agosto de 2022, se registraron al menos 342 masacres; mil 144 casos de tortura; 562 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 525 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos 247 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.
Son cifras del estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, de la organización Causa en Común identificó donde se indica que de enero a agosto de 2022 se cometieron, por lo menos, 4 mil134 crímenes de extrema violencia que clasifican como atrocidades, esto enfrentan día a día los mexicanos en espera de que una reforma restablezca la paz, sin un plan ni estrategia nacional de seguridad pública y justicia.
Esa es la realidad de México, donde a la violencia se suma un índice de impunidad de más del 94%, es decir sólo seis de cada 100 delitos son denunciados, investigados y causan una sentencia condenatoria contra los culpables. Y habrá que esperar muchos años más con la esperanza de que esta realidad cambe, con la misma e inútil política de abrazos no balazos, al menos otros seis años, hasta el 2028.
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