México.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó por 28 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el dictamen a la minuta que modifica el Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional.
El dictamen establece que serán los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.
Precisa que, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación deberá ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil.
Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas.
Además, subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.
La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución.
Añade que las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Señala que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Indica que, para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Asimismo, la comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.
El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo.
La comisión bicameral remitirá a cada una de las cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.
La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución.
Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo Transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.
A su vez, en los artículos transitorios agrega que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo Transitorio del decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio.
A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.
Indica que el fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio.
Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política.
Añade que los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este decreto, se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación.
Posicionamientos de grupos parlamentarios
Al dar el posicionamiento del PRD, el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores consideró que lo hecho en el Senado no cubre las expectativas necesarias pues se habla de que la participación será extraordinaria cuando no hay nada de extraordinario en lo que ocurre en el país, pues la escalada de violencia no empezó en este sexenio ni se ha detenido con la presencia de las Fuerzas Armadas.
El diputado Salvador Caro Cabrera, de MC, aseguró que esta minuta es una simulación de acuerdos políticos con partidos que tienen “mucha cola que les pisen” y tratan de diluirlo con un referente aparentemente técnico cuando es una decisión política. “Es una vergüenza que nos regresen una minuta totalmente modificada”.
Por el PT, el diputado Pedro Vázquez González indicó que su grupo parlamentario está de acuerdo en el sentido positivo de la minuta, pues en estos momentos se requiere de un periodo de mayor extensión en la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana; no obstante, afirmó, eso no significa un cheque en blanco para los militares ni una violación al artículo 21 de la Carta Magna.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) dijo que muchos satanizan el normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, pero es más grave normalizar la violencia o dejar que el país siga siendo víctima del incremento de ésta. Puntualizó que el proyecto establece que las labores de las Fuerzas Armadas serán única y exclusivamente a solicitud de la autoridad civil, “no se mandan solas”.
Del PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante señaló que es un tema de la mayor trascendencia para el país, pues no se trata de discutir o controvertir, ya que no se trata de la militarización del país, sino que se habla sobre cómo se tienen policías bien capacitadas y profesionalizadas. “Municipios y estados no tienen el presupuesto para hacer frente al crimen organizado ni a la delincuencia”.
Al adelantar el voto en contra de su grupo parlamentario, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) subrayó que las modificaciones realizadas en el Senado de la República son para tratar de justificar el cambio de opinión logrado a través de la fuerza del Estado para tratar de tapar la incongruencia; sin embargo, los cambios no resuelven de fondo el asunto.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) dijo que este dictamen es una muestra de que están abiertos y atentos a las aportaciones y comentarios para enriquecer las iniciativas que se discuten. Calificó de falso lo dicho en diversos medios de comunicación y redes sociales sobre que las modificaciones son solo cosméticas o superficiales.
Con información de la Cámara de Diputados
