Por. Ernesto Zavaleta
Esperanza, esa es la palabra clave para justificar la entrega a los militares el control total de la Guardia Nacional como única opción viable para combatir al crimen organizado, o común, hasta el 2028.
Los legisladores de ambas cámaras que votaron por esa ampliación tienen la esperanza de que ahora sí el Ejecutivo Federal cumplirá con lo que no hizo en tres años y medio, fortalecer a una policía civil para regresar a los cuarteles a soldados, marinos y aviadores cuatro años después de terminado el actual sexenio.
Una vez avalada por los diputados federales con sus modificaciones en el Senado, los mandatarios y legisladores locales de las 32 entidades del país esperan la llegada de esa reforma y aprobarla, al menos en 17 congresos estatales, para darle forma real de reforma constitucional, con la esperanza de mayor seguridad para sus gobernados y representados.
Morena sólo tiene mayoría en siete congresos estatales y es la primera minoría en otros 21, aún así el recorrido de la reciente reforma se antoja a trámite burocrático pues los mandatarios y congresos estatales no tienen otra opción real que ofrecer para responder a la demanda de seguridad pública en sus territorios, y habrán de doblarse al capricho presidencial.
Que las fuerzas armadas participen e incluso suplan a las policías civiles en labores de seguridad pública no es nuevo, ni es invento de la 4T, la misma Policía Federal Preventiva, que encabezó Genaro García Luna, estaba plagada de elementos y mandos militares en activo o en retiro; lo mismo que otros cuerpos de seguridad desde los años 60 del siglo pasado.
Lo que sí ha hecho Morena en este sexenio es menoscabar las capacidades y fuerza de las policías civiles federal, estatales y municipales; ha eliminado a sus mandos y elementos civiles; los acusa de corrupción a tabla rasa “todos los civiles son corruptos; entrega cada día más poder a las fuerzas armadas, y redujo a su mínima expresión los recursos presupuestales para esas corporaciones.
El secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que no hay más de cinco de los 32 cuerpos de policía estatal con capacidad de hacer frente al crimen y la delincuencia, y que hay apenas uno o menos de un policía municipal en promedio en los dos mil 446 municipios de provincia, sin contar a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, casi todos sin equipo y mal pagados.
Además, es necesario que mandatarios y cuerpos legislativos o de cabildos estatales y municipales permitan la entrada de elementos del Ejército y la Marina porque, como lo dijo el titular de la Secretaría de Gobernación, son garantes de la democracia y la paz.
“Es importante que se apruebe el marco legal de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en las calles, para salvaguardar la democracia”.
¿De verdad se puede tener la esperanza de un cambio de 180 grados en la política que se dicta desde Palacio Nacional respecto al control total, se puede esperar que modifiquen o acepten la modificación de un presupuesto centralista no sólo en materia de seguridad, sino en general?
Porque para cumplir con las metas de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional hay que asignar más recursos a estados y municipios; renunciar a la exclusividad de la información arrojada por los cuerpos de inteligencia anticrimen; compartir armamento, equipo y capacitación entre los tres niveles de gobierno; confiar en los gobernantes y mandos policiales civiles, y no acusarlos a priori de corruptos.
Y sobre todo iniciar el camino hacia la desmilitarización, no sólo de la Guardia Nacional, sino del país, devolver a los civiles el reparto de medicamentos; el control y construcción de aeropuertos; el mando en aduanas y puertos; la construcción de trenes; las empresas aéreas y turísticas; la administración de programas sociales y muchas otras actividades ahora en manos de militares.
Cuando un presidente niega que haya masacres en el país, de las que han ocurrido 350 (asesinatos masivos de tres o más personas) durante su sexenio, quien ante la masacre de San Miguel Totolapan, Guerrero, con 20 muertos incluido el presidente municipal, culpa a los gobiernos neoliberales que lo antecedieron de la existencia de grupos como Los Tequileros a más de tres años y medio de tomar el poder se antoja difícil un cambio.
No se ven elementos para mantener la esperanza del regreso de los militares a sus cuarteles, si ya se advirtió en la mañanera que NO se va a cambiar la política contra el crimen y la delincuencia.
¿Aceptará el presidente renunciar a sus planes mesiánicos de eternizarse a sí mismo y a la 4T como el régimen que debe mandar en el país; confiará en lo civiles para entregarles el control de la seguridad pública, reconocerá sus límites y errores?
Ni siquiera acepta la gravedad de la filtración de seis terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se evidenció que aun con información el Ejército fue incapaz de evitar asesinatos, ataques y masacres orquestados por el crimen organizado ¿cómplice por acción o por omisión?
La esperanza es buena, pero con bases reales.
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