Para establecer en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, medidas para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por el reclutamiento de asociaciones delictuosas, la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena) presentó una iniciativa.
En el documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, define el reclutamiento como la acción de coerción, engaño, amenaza, violencia, coacción, intimidación o manipulación, con la finalidad de que niñas, niños y adolescentes sean usados, utilizados e integrados a asociaciones delictuosas para su participación en la comisión de delitos.
Establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser reclutados o utilizados para su participación en la comisión de delitos o asociaciones delictuosas. Considera como obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, protegerlos del reclutamiento.
También, plantea que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán tomar medidas para prevenir, atender y sancionar los casos en los que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por el reclutamiento.
Relata que, aunque se cuenta con escasa información que muestre cuántas niñas, niños y adolescentes están involucrados en la delincuencia organizada, se cree que hay, aproximadamente, 30 mil participando como espías, combatientes, mensajeros, cocineros y explotados sexualmente.
Algunos han sido secuestrados por diferentes fuerzas, otros se incorporan de manera voluntaria, pues se les manipula con ganancias económicas, mientras que unos cuantos más han tenido la necesidad de unirse a causa de la pobreza, la exclusión y la discriminación en la que se encuentran.
Menciona que los grupos de la delincuencia organizada hacen uso de medios tecnológicos para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, ya que se ha detectado que los contactan por medio de videojuegos con la finalidad de integrarlos a filas delictivas y que participen en la comisión de diversos ilícitos.
Para la UNICEF, añade, las consecuencias del reclutamiento en grupos armados pueden ser sumamente graves para un niño, tanto física como emocionalmente; van desde perder su infancia, estar expuestos a la violencia, ser obligados a presenciar o cometer actos que atentan contra la integridad física y la vida de otras personas, abusos, explotación y abandono escolar, sufrir lesiones físicas y psicológicas e, inclusive, la muerte.
“Por ello, debemos proteger a las niñas, niños y adolescentes de esta práctica inaceptable”, enfatiza.
Subraya que, derivado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, es obligación del Estado mexicano proteger a la infancia y adolescencia, garantizar su seguridad e integridad y evitar que niñas, niños o adolescente sean reclutados por grupos armados.
