México.- Hace unos minutos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de subir su posicionamiento en torno a las recientes reformas legales con respecto a la Guardia Nacional, a través de las cuales ésta queda bajo el mando operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aquí la parte sustantiva de dicho pronunciamiento:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que la situación por la que atraviesa el país, en cuanto a la violencia generada por la delincuencia organizada, continúa afectando a la ciudadanía y el goce pleno de sus derechos humanos; y que por ello, es necesaria la implementación de medidas no convencionales, con una estrategia clara que permita generar condiciones a corto, mediano y largo plazo que dé como resultado una protección integral a la sociedad.
Esta violencia que se vive en nuestro país puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional, y por ende los derechos humanos de todas y todos, ya que, de acuerdo con diversos informes de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y los indicadores que generan diversas instituciones como el INEGI, así como la información de los medios de comunicación, dan muestra de que la delincuencia organizada representa un desafío difícil de abordar, que exige medidas drásticas que permitan consolidar la paz social.
Es importante destacar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado y debe asumirse como una política pública que compromete la acción estatal de manera integral, con objetivos claros y verificables.
Por ello, es necesario implementar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, mediante la cual se establezcan de manera clara, las responsabilidades de todas las autoridades involucradas, certeza en las actuaciones y un plan de acción que involucre la temporalidad de las mismas, pero también la suma de las fuerzas políticas que no estén en el gobierno, de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
La emergencia en materia del combate a la delincuencia organizada y los niveles de violencia que se generan implica una alta demanda de respuestas por parte de la población, por lo que exigen una actuación “inmediata”, eficaz y contundente por parte de las instituciones.
La construcción de una política de seguridad ciudadana requiere de acciones multidimensionales. La violencia restringe y recorta los derechos de las personas, resultando en algunos países de la región más víctimas ahora, que en períodos de violencia política recién superados.
Las mejores prácticas seguidas en varios países al resolver el dilema entre derechos humanos y combate a la criminalidad, han sido el promover el diálogo fructífero y abierto entre sociedad y Estado, y, más precisamente, con altas autoridades de la seguridad encargadas de hacer cumplir la ley y los derechos humanos.
El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos.
Los fenómenos de la criminalidad y violencia se asocian tanto al aumento de la desigualdad, a la exclusión social y a la progresiva limitación de oportunidades, como a la insuficiencia institucional para enfrentarlos. Por ello, una política adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida, en primer lugar, como parte del conjunto de los esfuerzos del Estado por avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades, y como parte del esfuerzo de fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y las libertades públicas.
No olvidemos que el disfrute de los derechos humanos está indisolublemente relacionado a la forma mediante la cual las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia o de las violencias que puedan manifestarse en su seno.
En relación con la situación de la criminalidad y la violencia en Latinoamérica, el tema de los derechos humanos se relaciona principalmente, al menos en tres sentidos:
1. La repercusión que tienen los altos niveles de criminalidad y violencia y las políticas de control en el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal y a la justicia, por sólo mencionar algunos.
2. La garantía del derecho humano a la seguridad ciudadana es una obligación del Estado sobre la cual se legitima la propia existencia del Estado de Derecho, el cual, a través de sus diferentes instituciones, debe brindar seguridad al individuo en sí y como parte de la sociedad a la que pertenece en el libre goce de sus derechos. Cuando el Estado, ya sea por acción o por omisión –falta de articulación de estrategias, planes y políticas adecuadas– no garantiza la seguridad de los individuos y los derechos que la misma lleva aparejada (vida, libertad, integridad, propiedad, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades etc.) incumple tres tipos de obligaciones estatales al respecto, como lo son las de respetar, proteger y cumplir, derivando en el fracaso parcial en garantizar y proteger los derechos humanos de toda la población, especialmente de aquella más vulnerable a la violencia, justamente aquellos con más problemas de restitución de derechos.
3. La función policial constituye un servicio público a la comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades. La razón de ser que otorga legitimidad a la profesión policial y al uso de la fuerza es la protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, razón que constituye su horizonte último. Es una labor íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad de vida de las personas como función superior del Estado.
Hay que reconocer así que, en mucho, los métodos tradicionales de enfrentamiento del delito que todavía imperan en la región han sido rebasados por la realidad; que se requieren respuestas adecuadas a los tiempos y a la altura de las nuevas dificultades que la complejidad del problema en nuestros países demanda. Así que una política de seguridad ciudadana debe ser consensuada y transparente en su formulación, moderna en sus concepciones, actualizada en sus procedimientos y además recurrir a lo más avanzado de la ciencia y la tecnología.
Por eso resultan de suma importancia y trascendencia las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Sin dejar de atender la urgencia de los tiempos excepcionales que vivimos, pero que son transitorios, es indispensable poner en práctica paulatinamente políticas y cambios normativos que, en los plazos establecidos, lleven a la separación nítida de funciones entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía, asumiendo que son los segundos los que tienen la misión específica de hacerse cargo de la preservación de la seguridad interna y enfrentar el delito.
Con información de la CNDH
