México.- En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el último de los seis foros “Hacia la Construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, convocado por el Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, con el tema “Vivienda Adecuada”.
La coordinadora del Grupo de Trabajo, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), relató que durante los seis foros y una conferencia magistral se contó con el apoyo y acompañamiento de integrantes del Grupo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana.
Destacó que los foros se hicieron de punta a punta del país de Baja California a Quintana Roo, donde se tuvo la representación de todas las entidades federativas, de la academia, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, colegios y barra de abogados, más de 50 ponentes cuyas presentaciones son públicas y están colocadas en el micrositio del Grupo de Trabajo para el acceso libre de todas y todos los interesados.
La diputada Alavez Ruiz informó que el siguiente paso estará orientado a temas particulares como las consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como a las personas con discapacidad; todo ello, para contar con un dictamen a la brevedad.
La Vivienda debe ser un derecho para las y los mexicanos
La presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar Gil (PT), comentó que se ha reformado desde la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que en el Pleno sea aprobado, el cambio de lógica de que la vivienda no es un producto, sino un derecho de las y los mexicanos que se debe garantizar desde las leyes.
“Este será el primer paso desde la Comisión de Vivienda que demos para hacer una legislación que garantice que los mexicanos tengamos el derecho a la vivienda, como debe ser y lo marca la Constitución”, agregó.
Que el Código atienda necesidades del siglo XXI
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero (Morena), lamentó que se tenga un desfase de cinco años de un mandato constitucional para analizar el Código Nacional. “Es una de las prioridades, esperamos sacarlo adelante en este periodo de sesiones; son muchos años de retraso”.
Hizo votos para que el Código atienda las necesidades del México del siglo XXI. “No podemos seguir anclados en procedimientos del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX; tenemos que avanzar con procedimientos más ágiles, con acceso a la justica para todas y todos los mexicanos. Los juicios del orden civil y familiar rondan alrededor del 70 por ciento a nivel nacional”.
Consideró importante dialogar sobre el juicio hipotecario, la prescripción adquisitiva y las sucesiones. Planteó incluir en el Código la perspectiva de género en el juzgamiento y los principios del interés superior de la niñez, como la mínima intervención y la no recriminación. Además, dijo, están en puerta las consultas indígenas y a las personas con discapacidad, con la finalidad de que el Código no sea impugnado por falta de procedimientos.
Regulación de predios otorga certeza jurídica a la ciudadanía
Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México y presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Invi-Conorevi), expuso que después de 20 años de rezago en la escrituración, el gobierno actual trabaja para regularizar los predios generados por los servicios metropolitanos y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad y, con ello, dar la certeza jurídica a quienes habitan estos inmuebles.
Explicó que las acciones implementadas consisten en un Programa de Condominio Popular y Familiar para otorgar escrituras de predios y condominios populares a precios accesibles, los cuales pueden oscilar desde los doce mil pesos mediante convenio con el Colegio de Notarios. Apuntó que esto no sólo otorga certeza jurídica a la ciudadanía, sino que permite al gobierno recaudar más impuesto por la vía del pago de predial, lo cual repercute en mayores beneficios.
Necesaria, homologación del proceso civil hipotecario
Carlos Martínez Velázquez, director general de Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dijo que se ha puesto en marcha un programa muy ambicioso para convertir en pesos los créditos que durante años se otorgaron en salarios mínimos, a fin de que la deuda parara, ya que estos créditos hacían que aumentara año con año, independientemente de la conducta de pago del derechohabiente.
Ello, ocasionaba que dejaran de pagar, entraran en mora y que estos casos terminaran en juicios masivos o subastas de vivienda, mencionó.
Señaló que este foro es importante ya que en materia de justicia cotidiana hace falta avanzar en la homologación del proceso civil hipotecario, reducir los tiempos de espera que enfrentan los derechohabientes, tomando en cuenta que hay una simetría enorme entre el Infonavit, su alcance y un acreditado que recibe quizás el salario mínimo y el patrimonio de su casa es lo único que va a tener a lo largo de su vida.
El tema hipotecario es complejo y largo
José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto del Suelo Sustentable (INSUS), expresó que el tema hipotecario es complejo, largo y opera en detrimento de las personas que más lo requieren.
Destacó que uno de los temas que han quedado fuera de estos procedimientos y que afectan entre el 25 y 30 por ciento de la población, son las familias que no tienen acceso a la propiedad formal, es decir que habitan en asentamientos irregulares, no tienen un título y están fuera de todo sistema formal de financiamiento y apoyo.
Consideró necesaria la homologación del juicio hipotecario en el Código Nacional y en los códigos estatales, así como construir una definición más precisa de lo que es una hipoteca. Refirió que a nivel nacional se considera el juicio hipotecario como un juicio respecto a una propiedad real hacia un inmueble, mientras que en la mitad de los estados es un juicio personal, es decir como un crédito.
Con información de la Cámara de Diputados
