Francisco Garfias.
Los senadores de Morena y sus rémoras en el Congreso se encaminaban anoche a violar el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Ese juramento es en lo último que pensaron cuando adelantaron su voto a favor (en comisiones) y sus alegatos (en el pleno) de la minuta que militariza jurídicamente a la Guardia Nacional. Para ellos, lo importante es quedar bien con el Presidente de la República, como lo hizo notar el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.
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Dice el artículo 21 de la Constitución que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
Y más adelante: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.
No hay duda que hay una violación flagrante a la Carta Magna. El destino inmediato de las leyes en vías de aprobación es la Suprema Corte de Justicia. El PAN anunció que ya tiene las firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad.
Los senadores de la mayoría presidencial —no se les puede llamar de otra manera— olvidaron deliberadamente las palabras de su coordinador parlamentario.
Monreal les dijo, en la reunión previa a la apertura de sesiones, que hasta un alumno que empieza la carrera de Derecho sabe que para que la GN pase a control administrativo y operativo de la Sedena, se requiere una modificación constitucional.
Pero como no tienen la mayoría calificada que se requiere para modificar la Carta Magna —dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación— recurrieron a la aprobación de cuatro leyes secundarias.
Éstas son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea y la Ley de Ascensos y Recompensas.
Tocó a Olga Sánchez Cordero, exministra de la SCJN y presidenta de la Comisión de Justicia, posicionar la minuta. Quiso evadir el 21 constitucional con el alegato de que “el señor Presidente de la República es el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, es un civil…”.
Eso sí, dijo que la minuta en vías de aprobación no es un “cheque en blanco” para la Guardia Nacional. “Daremos un puntual seguimiento a su desempeño”, aseguró.
El debate se calentó. Germán Martínez, del Grupo Plural, dijo en tribuna que hay militares leales a la República y a la Constitución, “pero también hay otros —y son palabras de Paco Ignacio Taibo en Temporada de Zopilotes—, que son hijos de la chingada. Cuando mataron a Madero fueron generales, fueron militares”.
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Por allí andaba María Elena Morera. Fue a platicar con algunos senadores para dejarles claro que organizaciones de la sociedad civil — Causa en Común y el Observatorio de la Guardia y la Militarización— no quieren la militarización de México. “Estos cambios no abonan a que tengamos más seguridad, como lo ha demostrado la Guardia en estos tres años. Son unos inútiles. De las 8 mil y pico de detenciones, sólo 14 son por investigación de homicidio.
“¿Queremos seguir pagando una Guardia Militar de 60 mil millones de pesos para que mande 14 personas a la cárcel por haber investigado? Se preguntó.
María Elena remató: “Los legisladores son impresentables. Muchos de ellos saben que no deben votar a favor de esas leyes y la están votando para ponerse de tapete con el Presidente, para que el 16 de septiembre, feliz, feliz, haga pasarela de una Guardia Militar saltándose el Estado de derecho”.
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Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer datos que le entregó el Banco del Bienestar, a través de solicitudes de información que revelan que esta noble institución, dirigida a los sectores más vulnerables, es “cliente” del hampa.
“Durante esta administración (diciembre de 2018 al 11 de mayo de 2022) se han cometido al menos 82 robos de esa institución bancario, con pérdidas que llegan a casi 143 millones de pesos”.
Más datos: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) dice que, durante 2021, el número de víctimas de delincuencia se estimó en 22.1 millones de personas.
“La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 207 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifras estadísticamente superiores a las estimadas en 2020”.
De los delitos, 93.2% no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación. A este subregistro se le denomina cifra negra.
