México.- En este nuevo periodo de sesiones, el Senado deberá continuar sus trabajos para expedir una legislación completa sobre el cannabis, que responda a nuestro contexto, frene las problemáticas que genera, y fomente el crecimiento económico.
El senador morenista Rafael Espino de la Peña.expuso durante su participación en el foro “Cannabis legal en México. El camino para una industria que actúa hoy” organizado por el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), que regular su cultivo, producción, posesión, aplicación y distribución, podrían traer importantes beneficios económicos.
“El uso del cannabis para fines terapéuticos, industriales o lúdicos es un asunto de salud y seguridad públicas; de desarrollo económico; y de garantía de la libertad de decidir, de manera informada, sobre su consumo”, expresó.
Señaló que ampliar la legalización del cannabis en México ayudaría a mejorar la hacienda pública; así lo proyecta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que prevé que su comercialización autorizada, según precios de esta planta en 2021, tendría un impacto recaudatorio de más de 18 mil millones de pesos; se obtendrían arriba de 15 mil millones en IEPS, y poco más de tres mil millones en IVA e ISR.
Espino de la Peña dijo que el enfoque regulatorio prohibicionista no ha conseguido los resultados esperados, ni de prevención ni de control, de los riesgos de consumo; ni ha podido evitar los daños a la salud.
Agregó que tampoco se ha logrado desmantelar a los grupos delictivos vinculados a su comercio. Su actuación ocurre fuera de la ley, lo que intensifica la violencia como lo estamos, lamentablemente, viviendo.
Por lo que estimó que “flexibilizar la regulación de toda la cadena de mercado del cannabis, extendiendo su empleo, mejoraría la salud y la seguridad, ayudaría al desarrollo económico, y facilitaría el cumplimiento normativo”.
En 2020, México era el segundo productor mundial más grande de cannabis con una producción de hasta 27 mil toneladas anuales, de acuerdo con los datos reportados por la organización “Endeavor”.
En 2017, cuando se autorizó el uso medicinal de la planta y su aplicación para la investigación científica en México, con lo que se cumplió una exigencia de miles de pacientes que buscaban tener acceso, de manera segura y legal, a tratamientos en los que ésta había demostrado tener efectos positivos.
La apertura de esta posibilidad normativa permitió a las instituciones médicas y académicas desarrollar programas de investigación sobre posibles aplicaciones de este insumo en beneficio de la salud de la gente.
Subrayó que dicho proyecto permite diversos aprovechamientos para el autoconsumo, y para compartirse entre quienes pertenezcan a “asociaciones” que promueven su empleo con fines lúdicos.
También autoriza su comercialización y venta recreativa, y para la investigación, previa licencia, así como la producción de cáñamo con propósitos industriales. Además, prevé que pueda usarse de forma medicinal, farmacéutica, científica, o para cosméticos siempre que sea conforme a la Ley General de Salud.
No obstante, se mantienen la penalización y sanciones, por su posesión y comercialización, si se sobrepasan los límites legales.
El legislador del grupo parlamentario de Morena manifestó que “si modulamos su legalización, su distribución podrá ser controlada y segura”, lo que evitará que el crimen organizado obtenga ingresos por su comercio ilícito e incremente la violencia.
Así como los mexicanos se enfrentan a la política prohibicionista del cannabis, también lo hacen con los vapeadores. Recientemente, el Senado aprobó modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que considera que los vapeadores “son indudablemente dañinos” y que sus emisiones podrían ser, incluso, equiparables al daño a la salud que causan los cigarrillos comunes.
Redacción
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