Ernesto Zavaleta.
En algo tienen razón los diputados del PRI Yolanda de la Torre y su coordinador Rubén Moreira Valdés, tal como se plantea en su iniciativa, a analizarse la próxima semana, no se puede sustituir de la nada a 118 mil elementos militares que integran la Guardia Nacional (GN) y que para 2024 deberán ser 144 mil entre marinos y soldados ¿a quienes van a colocar en su lugar?
También es cierto que en tareas civiles de seguridad pública la participación militar ha marcado muy poca o ninguna diferencia en el combate al crimen organizado, cada vez más extendido y con más poder en el territorio nacional, ni en la prevención de la comisión de delitos, particularmente en los homicidios dolosos que se acercan a los 150 mil durante en lo que va de este sexenio.
Y lo más preocupante es que nada se ha hecho por formar, capacitar y certificar un cuerpo civil capaz de sustituir a las fuerzas armadas en las posiciones de seguridad pública, al contario, cada medida tomada por el actual gobierno ha sido para eliminar esa subordinación militar y la participación civil en las tareas de la seguridad pública, esa es la tendencia de la 4T desde la promulgación del decreto de 2019 para sumar de manera subordinada a las fuerzas armadas.
El decreto del 23 de marzo de 2019 por el que se integran legalmente los militares a tareas de seguridad pública como parte de la Guardia Nacional establece:
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Esto no cambia, lo que establece el artículo 21 constitucional que señala en su introducción que: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil disciplinado y profesional…”
Y se reitera en el segundo párrafo del inciso “e” del mismo artículo 21 constitucional, modificado en la misma fecha de la expedición del decreto, 26 de marzo de 2019:
“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”.
Las cuatro reformas a leyes normativas turnadas a comisiones en el Senado de la República, que aprobaron por la fuerza de su mayoría los diputados de Morena, para pasar ese cuerpo policial a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), contravienen claramente el artículo 21 constitucional y despojan de su carácter civil a la Guardia Nacional.
Esos cambios no cumplen el compromiso de “desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial” de la GN, que asumió el Jefe del Ejecutivo al firmar y publicar su decreto de marzo de 2019, lejos de fortalecer la participación civil aumenta día a día el poder militar, no sólo en seguridad pública, sino también en otras tareas de responsabilidad civil, hasta la llegada de la 4T.
La propuesta de la diputada Yolanda de la Torre del PRI sólo acepta la incapacidad de todos, del gobierno, de la SCJN, y de los legisladores tanto de oposición como del partido en el poder, para avanzar en la formación de un cuerpo civil, de capacitar a elementos no militares y certificarlos, para ser integrados a la GN y sustituir eficientemente a las fuerzas armadas.
En el Cámara de los Diputados los de oposición, están más preocupados por sus alianzas electorales y contravenir a tabla rasa cualquier propuesta presidencial, y los de Morena, sin propuestas propias en el tema siguen a ciegas las instrucciones de un presidente que ve en las fuerzas armadas un aliado para consolidar su poder y continuidad en éste, más allá de la justificación de la seguridad pública.
Los del partido en el poder obedecen o son traidores, y en la oposición lejos de atender la clara instrucción de formar un grupo civil para la GN, en dos o seis años, caen en las provocaciones presidenciales y se dividen sin dialogar, sin buscar un acuerdo.
Marko Cortés, líder nacional del PAN dio un ultimátum al PRI retira o vota en contra de extender el plazo para que las Fuerzas Armadas permanezca en labores de seguridad pública hasta 2028, o se acaba la coalición Va por México, la cual integran junto con el PRD. Sólo amenazas electoreras sin atender el fondo del problema.
El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregara a la Cámara de los Diputados el paquete económico, ingresos y egresos de la federación para 2023, se prevé un nuevo aumento a seguridad pública, es el momento para los diputados de dar el primer paso de transición de lo militar a lo civil en la GN, deben destinar recursos para formar un cuerpo de carácter civil si de verdad dicen NO a la militarización.
El legislativo no puede avanzar y al Ejecutivo no le interesa respetar el artículo 21 constitucional. Cada año, desde el 2019, se incrementa el presupuesto para el rubro de seguridad pública hasta en un 46% como ocurrió del 2021 al 2022, cuando para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), que encabeza Rosa Icela Rodríguez, se autorizó un presupuesto de 93 mil 379 millones 484 mil 115 pesos.
La GN en su presupuesto para el 2022 tuvo un incremento general, en términos reales, de 69.8% con respecto al año anterior al pasar de 36 mil 991 millones de pesos en 2021 a 62 mil 825 millones este año, que se ejerce con total opacidad, por “seguridad nacional “, sólo claro en una cosa: no hay gasto asignado a ningún civil.
Ni la SSPPC, ni el mando de la GN, y menos aún la Sedena, consideran en el gasto de sus presupuestos alguna medida orientada a la sustitución de militares por civiles, al contrario, se planea capacitar a los militares en tareas civiles, construir cuarteles y comprar armamento, ni una de esas dependencia considera capacitar a civiles en tareas de seguridad nacional.
Durante más de once años, desde 2007, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por regresar a militares a sus cuarteles y sacarlos de las calles, bastaron tres meses para que en marzo de 2019 cambiara de opinión, y decretara su permanencia al menos por cinco años más, hasta el 2024.
Tácitamente aceptó en la mañanera del martes 6 de septiembre, Felipe Calderón y Enrique Peña no estaban tan equivocados, y dijo que al asumir el poder se dio cuenta del tamaño del problema, ahora no tiene la menor intención de devolver la seguridad pública federal a los civiles, y si dar su mayor apoyo a los militares que le garantizan “eternizarse” en el poder… como ya ocurrió en otros países.
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