Raúl Flores Martínez.
En México hay 220 mil personas en las distintas cárceles del país, de las cuales 93 mil, no tienen una sentencia, 5 mil son mujeres que se encuentran dentro de los penales nacionales, detenidas bajo distintos cargos, incluyendo tráfico de drogas, secuestros, violación, maltrato, sicariato, locura, golpeadora de hombres y ser la mujer más malvada de este mundo.
Así como lo está leyendo. A lo largo de los años, a través de las distintas entrevistas e investigación periodística, se ha revelado que la llamada violencia institucional contra las mujeres, se acuñó en la cultura mexicana.
Ayer hablamos de la violencia institucional que va de la mano con la corrupción institucional de jueces, peritos, ministerios públicos y abogadas (os) que han remitido a prisión a decenas de mujeres que les siembran e imputan delitos que, en ocasiones, son fantasiosos.
De acuerdo con un análisis de la organización civil México Evalúa, la falta de una justicia con perspectiva de género, favorece la criminalización de las mujeres que no cumplen con los roles y estereotipos asignados socialmente.
Y sus efectos van desde “no dar credibilidad al dicho de las mujeres en todo el proceso penal” hasta resistirse a investigar los feminicidios. Incluso, a las acusadas se las juzga por la relación que tenían con un hombre y no por un hecho en sí.
La mayoría de estos casos, tienen que ver con la denominada Violencia Vicaria que afortunadamente, se está legislando para que sea una ley con castigo en el país.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que el 43 por ciento de las mujeres en reclusión, fueron detenida sin una orden de aprehensión; es decir que, durante la detención, 39 por ciento fue amenazada con levantarle cargos falsos y un tercio recibió amenazas de dañar a su familia si no aceptaba su culpabilidad.
No es un secreto que en México existe una gran desigualdad de género, lo que muestra una de las peores caras de la justicia. El ejemplo lo da el análisis de México Evalúa, que deja en claro que el género determina el tipo de trato que se recibe en un proceso penal.
Las mujeres “son más presionadas para dar otra versión de los hechos”. A ellas “se les informa en menor medida sobre sus derechos y el motivo de su detención”. Son más víctimas de violencia sexual y acceden menos que los hombres a una defensa.
Mujeres que, en los últimos meses, han iniciado una protesta pacífica en distintos puntos del país y en las redes sociales con la finalidad de acceder a una justicia justa. Mientras eso sucede, los colectivos feministas, colectivos contra la Violencia Vicaria y otros más, con asesoría de algunas abogadas, están recolectando información de los abogados, peritos y funcionarios que han caído en corrupción o apoyado a sus violentadores de manera ilegal.
Esta información será filtrada a los medios de comunicación nacionales; mientras eso sucede, algunos jueces, peritos, abogados podrían perder cédula profesional e incluso llegar a temas de procesos penales.
