Francisco Garfias.
En la Suprema Corte de Justicia se perfila un revés a la presunción de inocencia y la libertad de las personas. Una vez más funcionan las presiones del presidente López Obrador para evitar los abusos que derivan de la aplicación en ”automático” de la controvertida Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
Esa medida, la más severa que puede sufrir un imputado, mantiene en la cárcel –sin sententencia—a 92 mil 500 mexicanos, según el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria Nacional del mes de junio del 2022.
Tres de los cuatro ministros que alcanzaron a posesionarse en la interrumpida sesión que sostuvo ayer el máximo tribunal — Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán– se pronunciaron en contra del proyecto de Luis María Aguilar, que propone eliminar la PPO en “automático” a los imputados.
Palabras más, palabras menos, los tres dicen que la SCJN no tiene facultades para reformar la Constitución, y que un voto a favor del proyecto significaría la “inaplicación” de la Carta Magna.
Pérez Dayán alegó que no es quien para “arrancarle hojas” a la Ley de Leyes. La ministra Esquivel llegó a afirmar que suprimir la severa medida cautelar dejaría a las víctimas a merced de la todopoderosa delincuencia organizada.
El cuarto ministro que pudo delinear su voto, Juan Luis González Alcántara, propone el mismo resultado del Proyecto de Aguilar, a través de la interpretacion del Artículo 19 de la Constitución, que incluye el catálogo de 16 delitos que ameritan la PPO.
Para hacer que esta medida cautelar sea la excepción y no la regla, se necesitan ocho votos. Quedan siete ministros por intervenir. Con uno más en contra, adiós proyecto. La SCJN subordinada a la exigencia de un hombre que no para de denigrarla: AMLO.
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El ministro Aguilar dejó en claro que no se trata de la eliminación de esa severa medida cautelar, como se ha interpretado por allí, sino de que su aplicación no sea la regla general.
La PPO ha sido cuestionada, dentro y fuera del país, por los efectos perniciosos que ha tenido en la libertad, uno de los bienes más preciados del ser humano, y el derecho de las personas.
“No puede ser manejada como una regla general, dándole prácticamente el carácter de una medida punitiva, sino que se debe garantizar que en todo momento sea efectivamente una medida de carácter extraordinario”, expuso Aguilar.
Su proyecto propone que la medida se aplique únicamente cuando esté debidamente justificada. Es decir, motivada por causas y razones legítimas.
¿Cuáles son esas razones? Que el imputado, por ejemplo, sea presentado ante la justicia y no se evada de la acción penal; o pueda representar un riesgo para las víctimas, los testigos o para la sociedad en general.
Alegó:
“Cuando la medida cautelar se impone en forma automática u oficiosa, la jurisprudencia interamericana ha sostenido, reiteradamente, que debe considerarse contraria a los derechos humanos, especialmente al de presunción de inocencia o su libertad personal.”
La PPO, advirtió, debe sujertarse a un plazo razonable y no tener una duración indefinida, pues en vez de ser un medida cautelar, podría ser considerada como una “pena anticipada.”
El impecable razonamiento de Aguilar de nada sirvió. Las condiciones de inseguridad que se viven en el país y las presiones de Palacio –hay versiones de que “tocaron la puerta” de varios ministros—hicieron el resto. Fue una derrota honrosa para el ministro ponente.
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El Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciara Nacional de la SPCSP–de junio del 2022– habla de una poblacion total de aproximadamente 220 mil 900 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, según el proyecto.
De ese universo, al menos 92 mil 590 personas (40 por ciento) se encuentran en prisión preventiva, es decir, cuatro de cada 10 personas en la cárcel no cuentan con una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso penal con todas las garantías del imputado.
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La inconclusa sesión de la SCJN trajo múltiples reacciones. Entre ellas la de la Barra Mexicana de Abogados.
“Es inaceptable –dice- el uso de las conferencias mañaneras para ejercer presión sobre los ministros de la SCJN, con miras a que resuelvan las controversias ante estos plnteadas con base en una ideología y/o en apoyo a un proyecto politico. La regla debe ser el respeto a la libertad de las personas y a la presunción de inocencia.”
El senador del PAN, Damián Zepeda, puso un tuit titulato “¡Se acabó!” en el que advierte: “Bajo la lógica de los ministros que deciden no eliminar esta dañina herramienta, si el Congreso aprueba cualquier locura violatoria de Derechos Humanos no habría forma de eliminarla. Triste”.
FIN.
