Alejandro Rodríguez Cortés*.
No es novedad el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Como jefe de la ciudad de México le dio vuelta a la constitución local con bandos de gobierno, y cuando éstos no le alcanzaron, no dudó en desafiar a las leyes supremas. Tanto, que fue objeto de un juicio de desafuero por desacato a un mandato de la Corte, del cual no solo salió inmune sino fortalecido de cara a su primera elección presidencial en el año 2006.
Por eso, no hay que llamarse a la sorpresa cuando el presidente viola descaradamente la Constitución con modificaciones a leyes secundarias para alinearlas a su obsesión nacionalista contraria a mandatos legales que abrieron legalmente el sector eléctrico mexicano a la libre competencia, a la generación de energía limpia y más barata, y al saneamiento de la eternamente deficitaria Comisión Federal de Electricidad, que a pesar de todo mantiene el monopolio de la distribución.
El presidente de la República se equivocó en su cálculo político para modificar la Carta Magna a su antojo en materia energética, cosa que quería hacer en la segunda mitad de su mandato y que no consiguió porque en las elecciones intermedias de 2021 su partido Morena perdió la mayoría calificada que sí tenía durante los primeros tres años de su mandato.
Cara le salió su osadía, pero ni el precio que paga ha disminuido su soberbia y su necedad. Como lo hizo con su iniciativa conocida como Ley Eléctrica, aprobada por mayoría simple en la Cámara de Diputados, ahora siguió el mismo camino para trasladar formalmente el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El primer caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a pesar de que 7 ministros votaron por la inconstitucionalidad de dicha ley -que protege a la CFE como monopolio de generación, compra y venta en aras de una mal entendida “soberanía eléctrica”- ello no fue suficiente para mandarla al basurero de la ilegalidad, por lo que el ordenamiento sigue vigente, aunque sujeto a miles de amparos que han sido ganados consuetudinariamnete por empresas privadas afectadas. El resultado: procesos más caros y tardados pero, sobre todo- inseguridad jurídica para lo que más necesitamos en al país en estos tiempos difíciles: inversión.
En cuanto a lo que pasó la noche del viernes al sábado en la Cámara Baja, seguramente las leyes aprobadas en materia de seguridad serán controvertidas y llegarán al máximo tribunal de la Nación, que estará nuevamente a prueba como un poder autónomo que debe ser contrapeso a la terca voluntad del Ejecutivo.
Pero para ello pasarán todavía algunos meses, o años. El inmediato examen para la Corte tendrá lugar tan pronto como este mismo lunes, cuando 11 ministros decidirán si en este país sigue vigente la llamada prisión preventiva oficiosa, de la cual este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación ha abusado ostensiblemente con propósitos más políticos que justicieros.
Me parece que existen los votos necesarios, ocho de once, para volver al justo cauce de la presunción de inocencia y de mejores atributos tanto del Ministerio Público como de los jueces de control. Por eso la barbaridad presidencial de declarar que se equivocó en nombrar a los 4 jueces supremos que le ha tocado proponer durante los primeros cuatro años de su mandato.
De facto, López Obrador acepta lo que ya sabíamos: es capaz de todo, incluso cooptar y/o destruir instituciones constitucionales, para mantener el poder, directa o indirectamente. Por eso los monopolios estatales en materia eléctrica y petrolera; por eso la militarización generalizada; por eso los jueces a modo; por eso la ridícula educación doctrinaria.
Violar la Constitución es lo de menos. Por eso la ya célebre y lamentable frase obradorista: “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.
Este lunes es un día importante.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista.
@AlexRdgz
