Rubén Cortés.
Para abrir el local de una nueva empresa, hoy en México, los dueños tienen que comprar los contadores de energía de la CFE, a la empresa proveedora que le indica la CFE, y la empresa proveedora le pide que endose la factura a la CFE.
El director de CFE es investigado porque en su declaración patrimonial dijo tener una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones, pero en realidad tiene una fortuna 16 veces más de lo que informó.
A través de una ingeniería inmobiliaria, el director de CFE es dueño de 23 casas y dos terrenos en Lomas de Chapultepec, Polanco, Tecamachalco, Reforma, La Roma, y Valle de Bravo.
El hijo del director de la CFE le vendió al gobierno 20 ventiladores respiratorios para pacientes con COVID a un precio más alto que el del mercado: un millón 550 mil pesos por cada uno. Además, eran viejos y fueron vendidos con información falsa.
Aun así, el hijo del director de la CFE fue favorecido por el Ejército, que le dio a su empresa un contrato a dedo por 31 millones 135 mil 708 pesos. El hijo del director de CFE ha recibido siete contratos más en este gobierno, por 66 millones 408 mil 675 pesos.
Adjudicar contratos de obra pública a quien decida, es la práctica más utilizada en el actual gobierno, desde su inicio: las adjudicaciones directas aumentaron de pasar de 36 por ciento con Peña, al cierre de 2018, a 41 por ciento al cierre de 2021.
En 2020, este gobierno otorgó nueve de cada 10 contratos sin la licitación que establece el artículo 134 de la Constitución. En 2021, dio ocho de cada 10, en especial a empresas fantasma y a otras favorecidas sistemáticamente, todo eso, según la Función Pública.
Y, durante el primer semestre de 2022, ocho de cada 100 contratos fueron asignados mediante adjudicación directa, incluido el contrato más grande en la historia de México: más de 400 mil millones de pesos para servicios de telecomunicaciones en el SAT.
Es la manera de manejar los recursos públicos del grupo político que gobierna hoy: la Línea 12 se cayó porque fue construida sin licitar durante el gobierno capitalino de Ebrard, lo cual generó errores de diseño, controles administrativos y falta de inspecciones.
A dedo, Ebrard le dio la obra civil (28 mil millones de pesos) a ICA-Carso-Alstom, y le dio la construcción de los trenes (18 mil millones de pesos) a la empresa española CAF. Por el camino, se triplicaron los costos, sin posibilidad de vigilancia ciudadana.
Sin concurso público ni transparencia. Así funciona desde 2018: ocho de cada 10 pesos se gastan por inspiración divina.
Marca de la casa.
