México.- La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, diputada Graciela Sánchez Ortiz, sostuvo que este tema implica un nuevo diseño institucional electoral e integral de la normatividad vigente, lo cual tiene el gran reto de conseguir estructuras estables, monitoreo institucional, certidumbre, capacidad y decisión acordes a las necesidades y calidad democrática de nuestro país.
Refirió el análisis de las líneas temáticas más importantes de la reforma política-electoral, relativas a la unificación de las autoridades electorales y administrativas, su jurisdicción y extinción de los Organismos Públicos Locales, así como de los tribunales electorales de las entidades federativas.
Asimismo, de la estandarización de los procesos de elección locales de todas las entidades, así como de los procedimientos sancionadores, las causas de nulidad, fiscalización de recursos y capacitación de funcionarios.
Consideraciones de los expertos
Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas planteó que “sí es necesaria y urgente una legislación electoral única, pero no la desaparición de los institutos electorales de los estados, que pueden convivir sanamente y son eje de rotación de los partidos políticos.
Destacó que los partidos políticos requieren desarrollar y fortalecer su vida interna. “Es imposible que las elecciones internas de candidaturas revistan procesos democráticos”; por ello, deben ser operadas por un órgano ajeno a los partidos.
Armando Hernández Cruz, director general titular de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, dijoes viable tener un sistema nacional electoral donde subsista el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Propuso suprimir los delitos penales en los códigos estatales y dejar todo en la ley general.
Además, que los organismos nacionales asuman competencias que tienen actualmente las instancias locales, sobre todo desde el punto de vista legislativo, porque la libertad de configuración legislativa que tienen los estados “choca” y genera enormes espacios de contradicción que no tienen un mecanismo específico de solución.
Marco Antonio Reyes Anguiano, coordinador de asesores del consejero electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, indicó que antes de buscar entrar a la austeridad se debe analizar cómo hacer más eficientes los procesos, lo que necesariamente nos llevará a ahorros significativos. Se dijo a favor de una legislación electoral única, ya que el propio reglamento del INE se llega a enfrentar a normas locales e incluso constituciones estatales al momento de organizar elecciones.
Se manifestó en contra de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales pues hay oportunidad para que tengan funciones en tiempos electorales o bien que sean temporales, y actualmente solo reciben quejas y algunas funciones durante las elecciones.
María Luisa Oviedo Quezada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo, advirtió que la reforma pretende la concentración de poder en un órgano todo poderoso que despache desde el centro y deje a entidades federativas, municipios, grupos étnicos de comunidades alejadas en una situación de desventaja.
“Una legislación única no resuelve el problema de la democracia y la participación ciudadana, por el contrario, esas contradicciones entre normas no se resolverán, será la Sala Superior quien resuelva lo más favorable al ciudadano”, precisó.
Raúl Ávila Ortiz, profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, consideró que nos ahorraríamos muchos problemas con una legislación unificada, aseguraría una mayor coherencia con los parámetros convencionales, ahorraría trabajo y costos a la Corte, ya que cada que se aprueba una reforma en una entidad llueven acciones de inconstitucionalidad, ya sean legítimas o por estrategia.
Apuntó que si se mantiene como está el sistema se deben perfeccionar y apretar tuercas y transitar a otra etapa por este camino, pues con base en datos solo el 30 por ciento de acuerdos y resoluciones de organismos electorales locales se impugnan en un tribunal electoral local.
Preguntas de las y los diputados
Del PVEM, la diputada Eunice Monzón García preguntó ¿la promulgación de una legislación electoral única resolvería la necesidad de homologar reglas y criterios? ¿El que haya una sola autoridad administrativa y jurisdiccional resolvería el exceso de judicialización de los procesos electorales? Y ¿qué otros mecanismos proponen para lograr la certidumbre jurídica que requiere nuestro sistema democrático?
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya planteó que, dado que parece prudente y necesaria una ley única, los supuestos debiesen ser de carácter general y abstracto. ¿Esta sería la misma tónica que debe seguirse en la ley de sistemas de medios de impugnación?
¿Cuál debe ser la solución que debe tomar el Congreso de la Unión al expedir dicha ley electoral única junto con la supresión de instancias electorales locales para evitar litigios largos y costosos? En los municipios que se rigen por usos y costumbres ¿una legislación de este tipo cómo lo podría contemplar?, cuestionó.
La diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, solicitó respuesta sobre ¿por qué una legislación electoral general única que aplique en toda la República violaría el principio de la división de poderes? Juzgar con perspectiva de género en marcos jurídicos generales no significa que estemos obligados a redactar una ley particular en cada caso concreto, ni federales, municipales y estatale, para juzgar a las mujeres con perspectiva de género.
La diputada Sánchez Ortiz pidió a los especialistas detallar cómo es posible una legislación única para la organización de procesos electorales, toda vez que existen otras facultades de autoridades administrativas electorales locales y si es viable que la autoridad nacional lleve a cabo todas las elecciones a través de los consejos distritales y, en su caso, el local.
Respuestas
Al responder a las y los diputados, Chiquito Díaz de León consideró que la legislación electoral única puede prosperar sin una reforma constitucional que unifique la interpretación de la norma y establezca principios claros. El gran problema es que el INE tiene facultad de intervenir en los procesos electorales locales, haciendo más complejo el sistema.
Hernández Cruz destacó que es oportunidad de incorporar figuras para regular la paridad horizontal en las gubernaturas. Se daría un marco más operativo y funcional, permitiría homologar criterios de sobre y subrepresentación.
Oviedo Quezada señaló que no se reducirá la judicialización, porque si se cree que una ley unificada reducirá los casos en realidad se piensa en limitación de acceso a la justicia, cuando se trata de que se administre a todo aquel que la requiera.
Ávila Ortiz comentó que, en materia de tribunales electorales, no se ha acabado la transición de la cultura de la legalidad a la de constitucionalidad. Eso es contrario a las luchas democráticas de todos los partidos.
Reyes Anguiano indicó que la falta de certeza en el derecho electoral es un problema. Mencionó que la unificación procesal en materia contenciosa sí se podría dar, ya que no hay mucha diferencia entre procedimientos de cada entidad en relación con el federal, por lo que una legislación única no daría mucha variación, pero ayudaría en los criterios.
Con información de la Cámara de Diputados
