México.- En el marco del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se realizó el foro 19: Sistema de Fiscalización de las Campañas Electorales en un Sistema de Elección Basado en Listas, en el que participaron diputadas, diputados y especialistas.
Diputadas y diputados
Por Morena, el diputado Hamlet García Almaguer dijo que se viene de un sistema donde el dinero compraba las elecciones, por lo que es necesario diseñar un mecanismo para eliminar la discrecionalidad en las determinaciones del Instituto Nacional Electoral.
Rosangela Amairany Peña Escalante, diputada de Morena, comentó que el tema de la fiscalización de las campañas electorales es de suma relevancia, por ello, dijo, es fundamental establecer reglas más claras para que las conductas sean observadas sin favoritismo. “No se puede seguir aplicando un criterio diferente para cada persona, los consejeros electorales no deben resolver con el estómago”.
Del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz resaltó que uno de los mayores retos de este análisis es ser objetivos, respetuosos del derecho y de la legalidad, pues ello permitirá fortalecer la democracia y fomentar la representatividad.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) expresó su inquietud por conocer cómo se puede lograr que la toma de decisiones en materia de fiscalización por parte de la autoridad electoral se ajuste a los criterios del debido proceso y cómo acotar la amplia discrecionalidad que hoy caracteriza las resoluciones de las autoridades judiciales en esta misma materia.
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya externó su interés sobre si lo prudente es proponer que candidatas y candidatos integrados en la lista correspondiente no manejen ningún tipo de recursos económicos. Al deducir que, si bien es potestad de los partidos presentar la lista de candidaturas, preguntó si ¿es viable que éste mismo partido político administre, utilice y compruebe el universo de la bolsa de financiamiento?
El Parlamento, oportunidad para modificar el sistema electoral
El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, Gilberto de Hoyos Koloffon, señaló que con el parlamento abierto se está ante una gran oportunidad histórica para revisar, acoplar, corregir, complementar y modificar las áreas de oportunidad que tiene el sistema electoral. Resaltó que no deben quedar fuera los delitos electorales; “no puede haber una reforma electoral integral que beneficie al país si los delitos electorales no son considerados en este ejercicio”.
Precisó que para que exista un sistema democrático, participativo, equitativo y dentro del Estado de derecho, debe considerarse en conjunto lo administrativo-electoral, lo jurisdiccional -electoral y lo penal-electoral; por ello, dijo, en las adecuaciones a la normatividad se deben determinar las actividades vulnerables en las campañas electorales, similar a lo que establece la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita.
Asimismo, reportar la creación de empresas durante el proceso electoral que podrían prestarse para permitir el ingreso de dinero ilícito en las campañas e incluir la calidad de organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político dentro de las figuras que se pueden relacionar con la probable comisión de un delito en la materia.
Establecer andamiaje jurídico para fiscalizar redes sociales
El fiscal especialista en Delitos Electorales de Tabasco, Jorge Montaño Ventura, destacó que para promover la fiscalización en las redes sociales se debe establecer un andamiaje jurídico que las norme y se evite el abuso de su anonimato para denostar la imagen de las y los candidatos y, en caso de que se acrediten estos hechos, se imponga una pena y una multa.
Enfatizó que el tema de fiscalización no sólo es del dinero, por lo que pidió analizar las aportaciones en especie y destacó la importancia de las fiscalías electorales, toda vez que van de la mano con los órganos administrativos y jurisdiccionales.
Apuntó que se debe poner énfasis en el artículo 11, fracción VI, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde hay un castigo pecuniario y punitivo, es decir se amplía el tema de las sanciones a quienes incumplen con el imperativo de informar sobre el destino y origen de los recursos que les son otorgados para sus actividades electorales. Además, establece que si el origen de los recursos es de dudosa procedencia se contempla hasta 15 años de prisión.
Topes de gasto de campaña
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez, señaló que las y los candidatos de representación proporcional pueden decidir hacer o no campaña y derivado de ello es que rinden o no cuentas. Y en caso de realizar campañas deben ajustarse a los límites establecidos para los topes de gasto de los candidatos de mayoría relativa. “Los topes de gastos de campañas en muchas ocasiones son demasiado bajos” y no es la misma realidad de cada distrito.
Enfatizó que, “a partir de la seguridad jurídica, de las reglas claras, es que todos sabemos qué podemos hacer, que no podemos hacer y si lo hacemos qué nos va a pasar”. Consideró que los partidos políticos también deben ser libres de crear y ver en qué van a gastar y cómo lo van a hacer. Y no se tendría por qué estarse metiendo ni las autoridades ni las instituciones de manera tan constante”.
Señaló que si existiera un rebase de tope de gastos de campaña por parte de un candidato de representación proporcional habría que pensar si sería idóneo para ocupar el cargo; “no creo que deba afectar toda la lista, porque no podemos anular la elección”. Recalcó que el castigo debería ser directamente para el candidato que realizó ese rebase de gastos.
El problema de la fiscalización es el alto grado de discrecionalidad
Marco Antonio Gómez Alcantar, consejero electoral en el periodo 2003-2010, indicó que el problema de la fiscalización es el alto grado de discrecionalidad de autoridades electorales, por lo que es necesario garantizar la equidad en la contienda, el uso de recursos públicos, la fiscalización de terceros y los fantasmas en la publicidad.
Añadió que es importante definir el objeto partidista y darle facultad a los partidos para que hagan sus ejercicios como les plazca para acercarse a la ciudadanía, siempre y cuando se garantice y acredite cómo se gastan los recursos.
Puntualizó que una solución al alto grado de discrecionalidad que tiene el INE y los tribunales es limitar el garantismo y sentar las bases para hacer un sistema de aplicación estricta, ya que ello contribuirá a disminuir el nivel de judicialización y el costo de la democracia porque se pierde el incentivo de impugnar por impugnar.
Con información de la Cámara de Diputados
