México.- Este viernes la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) presentó una denuncia en materia de combate a la corrupción ante la Fiscalía General de la República (FGR), que deriva de los hallazgos encontrados durante el análisis de la Cuenta Pública 2020, relacionados con los daños a la salud y condiciones de vida de la población, los malos manejos y la falta de transparencia en el ejercicio del erario, ya que todo esto ha quedado evidenciado con los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
“En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública se leen una serie de irregularidades que pudiesen ser constitutivas de diversos delitos previstos y sancionados por la legislación en materia penal vigente, sin perjuicio de otros ordenamientos que pudiesen ser aplicables. Es de gravedad por la cantidad de vidas de mexicanas y mexicanos que pudieron resultar enormemente afectados”, precisó la legisladora en un comunicado.
Hechos de la denuncia:
El dictamen de la auditoría realizada al Insabi especifica que de mil ventiladores adquiridos con uno de los proveedores extranjeros denominado Viva Enterprises Limited, 650 de éstos, con un costo de 920.4 millones de pesos, no fueron entregados y debieron suministrarse antes del 30 de abril de 2020.
Sobre este tema de los ventiladores, el informe de la ASF es claro al mencionar que el Insabi no proporcionó evidencia de su entrega; lo peor es que era en ese momento cuando niñas, niños, mujeres y hombres de este país más necesitaban los ventiladores, por el alza de casos graves de Covid-19.
También es importante mencionar que se verificó, este jueves 18 de agosto, en el Sistema Público de Consulta de la ASF, el estatus de la solicitud de aclaración correspondiente a los 650 ventiladores, y se corroboró que el monto de 920.4 millones de pesos sigue pendiente por recuperar o aclarar.
En segundo lugar, respecto de la adquisición de insumos de protección personal a otro proveedor extranjero, denominado China Meheco Co., LTD, no se acreditó la entrega al Insabi de un millón cincuenta mil mascarillas KN95 con un costo de 40.5 millones de pesos.
Sobre este tema es importante mencionar que, a la fecha de realización de la auditoría, es decir, en diciembre de 2021, la ASF no contó con evidencia de la recepción de un millón cincuenta mil mascarillas KN95 por el monto ya mencionado de 40.5 millones de pesos.
Es decir, el Insabi no proporcionó los justificantes de la recepción de más de un millón de mascarillas KN95 y, por si fuera poco, tampoco proporcionó evidencia de haber iniciado las acciones legales durante el periodo del atraso, así como de los insumos faltantes. Con lo cual se hace evidente la irresponsabilidad en el manejo de los procesos de adquisición, y la negligencia para hacer cumplir sus obligaciones a los proveedores, en este caso, a la empresa china ¿cuántos contagios se pudo haber prevenido y cuántas vidas se pudieron haber salvado si esas mascarillas sí hubieran llegado a las y los mexicanos?
Esto también se verificó este jueves 18 de agosto en el Sistema Público de Consulta de la Auditoría Superior de la Federación; el estatus de la solicitud de aclaración correspondiente a un millón cincuenta mil mascarillas KN95, y se corroboró que el monto de 40.5 millones de pesos sigue pendiente por recuperar o aclarar. Con esto, una vez más se demuestra que a este gobierno no le interesa que se pierdan los recursos de los mexicanos y, mucho menos, que la población de menores ingresos resulte afectada en lo más preciado, que es su salud y su vida misma.
Pérez-Jaén destacó que, con base en estos hechos, se pueden observar diversas irregularidades debido a que las entidades fiscalizadas no proporcionaron a la ASF la documentación necesaria para verificar recuperaciones de recursos ni la recepción de insumos, además de que carecen de información disponible sobre los contratos de adquisición.
“Es muy importante mencionar que la denuncia de hechos se presenta porque, a pesar de las irregularidades detectadas en la fiscalización de la cuenta pública 2020, la ASF no ha presentado hasta ahora ninguna denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la República.
“De corroborarse los hechos, estaríamos frente a un crimen monumental; donde autoridades se aprovecharon de la necesidad de millones de mexicanas y mexicanos, ignorando las consecuencias de enorme magnitud que tendrían en la vida y la salud de la gente; hay quienes, incluso, por esta situación, pudieron haber perdido la vida”, dijo.
A efecto de que no se obstruya la justicia o se generen mecanismos de encubrimiento, con fundamento en el artículo 155 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales se pide al Ministerio Público que, de manera inmediata, solicite que se decrete la medida cautelar de suspensión temporal en el ejercicio del cargo al director del Insabi, el antropólogo Juan Antonio Ferrer Aguilar, y de los altos mandos de dicha institución, concluyó la legisladora del PAN.
Con información de la Cámara de Diputados
