En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los presuntos actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se investigan bajo la política de cero impunidad.
“No hay impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mi familia ni para nadie. El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí”, expresó.
- El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que hay 38 denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de Liconsa, Diconsa y Segalmex; presentadas por instancias gubernamentales y se encuentran en la Fiscalía General de la República.
“Las denuncias penales presentadas están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, apuntó.
A la fecha, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 millones de pesos, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo. Este procedimiento se realizó sin respetar la normativa vigente y sin consultar al jefe del Ejecutivo.
El capital fue recuperado en su totalidad y los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.
“Un dato importante: se venía haciendo, o sea, en el sexenio pasado. Ya esa financiera había manejado dinero de Liconsa igual; tan es así que esa financiera manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema”, acotó el jefe del Ejecutivo.
“¿Qué se hizo de inmediato? Recuperar el dinero, esta parte del dinero porque supuestamente ya se hacía y era una financiera seria, responsable; di la instrucción al secretario de Hacienda, todavía estaba Arturo Herrera, que se hablara, no solo con la financiera sino con los que avalan esos créditos que son bancos, que tienen una corresponsabilidad, y se logró que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, agregó.
Actualmente, un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaba evidencias que integran investigaciones en curso, mismas que podrían ser puestas a disposición del Poder Judicial y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El titular de la SFP mencionó que, en el ámbito administrativo, se tienen abiertos 618 expedientes por presuntas responsabilidades, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias presentadas.
“Con motivo de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra”, puntualizó.
En tanto, se corregirán los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos que ocasionaron la desarticulación de Liconsa, Diconsa y Segalmex a través del cambio de estructura administrativa.
“Se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mandos directivos y de personal de las tres entidades se enfocan en la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas”, explicó el funcionario.
La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021; incluyen auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por 6 mil 52.3 millones de pesos.
La ASF, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en Liconsa, Diconsa y Segalmex que, en conjunto, incluyeron 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465.8 millones de pesos.
“Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9 mil 500 millones. Es importante aclarar, cuando se habla en fiscalización de montos observados debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones de documentación y, en su caso, recuperación”, explicó.
- En las próximas horas la Fiscalía General del Estado de Nuevo León formulará imputación penal contra quienes obstruyeron la acción de justicia al inicio de la investigación de la desaparición y feminicido de Debanhi Escobar, así lo informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.
Tras una reunión entre la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Antisecuestros y los padres de la víctima, se acordó solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la carpeta de investigación.
“La segunda, y por petición de la familia, es decir, por petición del señor Mario Escobar y la señora Dolores Bazaldúa, se determinó que, una vez ejercitada la acción penal sobre la obstrucción de la justicia, se solicitará la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de la carpeta de investigación, con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer este feminicidio y castigar a quienes resulten responsables”.
- La empresa estadounidense Phoenix First Response y otra alemana, DMT, validaron la estrategia que el Gobierno de México implementa desde el 3 de agosto para rescatar a los trabajadores en la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila.
“La conclusión es que se está haciendo lo correcto; que lo que están proponiendo los técnicos mineros mexicanos es lo correcto, que va a consistir en la construcción de un muro de concreto para detener la corriente del agua hacia la mina donde están los mineros atrapados. Entonces, estamos trabajando en eso y se sigue bombeando agua”, dijo el primer mandatario.
La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que la empresa alemana DMT y el Instituto de Seguridad Minera de Alemania corroboraron el plan que contempla el sellado de la entrada de agua en la mina Conchas Norte, la extracción de líquido en mina Pinabete y el seguimiento de los estudios del río Sabinas, así como posibles filtraciones por lluvia.
De manera presencial se realizó una reunión más con la compañía estadounidense, Phoenix First Response, en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Economía y el equipo técnico asesor.
“Aquí se concluyó por parte de los especialistas, que contamos con el equipo técnico solvente —esas fueron sus palabras— y con la experiencia suficiente para atender la situación que se ha presentado. Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinabete, es el procedimiento más adecuado para resolver la inundación”, afirmó.
- Aunque señaló que no le pareció la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al no retirarle el fuero e invalidar una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero; señaló que respeta dicha decisión.
“Pues es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial”, explicó durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.
- Hasta el momento suman 42 los detenidos por los actos violentos registrados la semana pasada en Jalisco, GUanajuato, Ciudad Juárez y Baja California, señaló el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.
En el estado de Jalisco, hay un total de cinco detenidos, tres de los cuales fueron ya vinculados a proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional, y está pendiente la vinculación a proceso de dos de estos sujetos, que fueron detenidos el día de los hechos.
En el caso de Guanajuato por eventos y afectaciones a vehículos y comercios en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya, hay un total de 13 detenidos, quienes afectaron 28 comercios y 19 vehículos.
En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el evento ocasionado a partir de la riña al interior del Cereso 3 de ese municipio, Cereso, Centro de Readaptación Social del estado, fueron detenidos siete personas por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado.
En el caso de Baja California por hechos presentados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y Tecate, hay un total de 17 detenidos por estos hechos, 12 de los cuales fueron ya atraídos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.
- El presidente López Obrador envió su sentido pésame al presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, tras el asesinato de su hijo, el día de ayer.
“Quiero enviar un pésame al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo ayer. Es un hecho muy lamentable. Le mandamos a él, a su familia y amigos un abrazo muy fuerte”, dijo.
Redacción
