Por. Ernesto Zavaleta
Que vergüenza, ahora quedó claro que por todos los medios, políticos, judiciales y mediáticos el presidente de la República obligó al país a perderse en una cortina de humo de seis meses, cuando la decisión ya estaba tomada en el Palacio Nacional: Se va a actuar contra los expresidentes.
Y lo más vergonzoso, fue una consulta popular en la que se invirtieron 528 millones de pesos, para supuestamente decidir “democráticamente” si procedía investigar, perseguir y, en su caso castigar a cinco expresidentes; y en la que el 1 de agosto de 2021, votó sólo el 7% de los electores, de ellos el 97.72% voto “SI” a la controvertida pregunta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
No pasó nada, no hubo consecuencias, al menos de la consulta, pues para tomar acciones o, en términos jurídicos, ser vinculatoria, requería una participación del 40%, por eso el voto que podía contar, el único que pudo tener tuvo validez, la voz de calidad, la guía moral a esa decisión fue la del presidente Andrés Manuel López Obrador…y no se dio.
“Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, que todos den a conocer su punto de vista libremente”, dijo días antes de la consulta del 1 de agosto de 2021.
Lo que no dijo es que no participó porque ya había decidido perseguir a los expresidentes cuando fuera electoralmente necesario. Porque a eso se dedica, a campañas electorales, en ese tema el Jefe del Ejecutivo ¡es un profesional!
Durante casi un año, desde su púlpito, después de la consulta, el mandatario dejó crecer los dichos de un pacto de IMPUNIDAD, de no agresión, con el mexiquense Enrique Peña Nieto, el expresidente menos atacado en las mañaneras de los cinco neoliberales.
Mientras, en las oficinas de su Gestapo (siguiendo la moda presidencial de referencias hitlerianas), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se preparaban para acusar a Peña Nieto de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, desvío de recursos públicos.
Una investigación en curso desde 2019, lo que incluye el periodo de campaña, discusión y realización de la fallida consulta popular, según Santiago Nieto, extitular de la UIF, o iniciada dos meses después de realizada, el 20 de octubre de 2021 si se quiere creer al ahora titular de esa Unidad, Pablo Gómez.
No pasó ni un año para dejar complemente clara la inutilidad de ese gasto de más de 500 millones de pesos, con la que el inquilino de Palacio Nacional pretendió lavarse las manos y no actuar por decisión propia contra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuando el actual presidente de la República ya había tomado una decisión, un engaño más al pueblo bueno y sabio y a los otros mexicanos.
El objetivo es claro, no se trata de meter a la cárcel al expresidente priista o a sus familiares, quizá ni siquiera al actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la otra persecución electorera, la meta es romper la alianza opositora PRI, PAN y PRD, y en el peor de los casos inutilizar la influencia del partido tricolor en su principal bastión electoral, el Estado de México.
López Obrador tiene arrinconado al PRI, nacional y mexiquense, y deja a “las autoridades competentes” infligir los golpes; no es él, porque el presidente “de todos los mexicanos” no es vengativo.
Pero si será el protagonista de las mañaneras quien decida el papel que tendrán Peña Nieto y Moreno Cárdenas en la elección del 2023, a diez meses del proceso para elegir gobernador en los estados de México y Coahuila.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, dijo el expresidente mexiquense desde España, con la esperanza de negociar ¿su libertad por el Estado de México?
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por obtener más de 26 millones de pesos, un poco más de un millón de dólares, de un esquema transferencias irregulares desde el extranjero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue la ruta de más de diez mil millones de pesos que la “empresa B”, relacionada con la familia de Peña Nieto, recibió por pago de servicios de 2013 a 2018, -todo el sexenio peñista-.
El Sistema de Administración Tributaria rastrea las declaraciones fiscales del expresidente, sus familiares, exesposa y socios en las empresas “A” y “B”, la Secretaría de Hacienda y la de Función Pública averiguan sobre la legalidad y pago de esos contratos.
Por muy amplio que se vea el espectro, todos, incluso la FGR, responden a una sola voz, la que emana de Palacio Nacional.
Si procesan a Peña Nieto o alguno de sus cercanos surgen las dudas ¿para qué hacer una consulta en 2021 se si le investiga desde 2019, por qué no se actuó paralelamente al caso Lozoya si el mismo gobierno de la 4T anunció perseguir a 70 altos funcionarios peñistas; la frase de “nadie por encima de la Ley” es pura hipocresía electorera para presionar en el 2023?
Y si es liberado de todo cargo en el caso de que el mexiquense “compruebe” la legalidad de sus 26 millones de pesos, y pagar más de 10 mil millones de pesos a su familia ¿no se fomenta la IMPUNIDAD; no se fortalece la imagen del actual gobierno de cómplice de criminales?
En ambos casos la decisión se acota al peso que tenga Enrique Peña Nieto en la elección de gobernador en el Estado de México.
¿Qué decide señor presidente, hipocresía electorera o IMPUNIDAD?
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