Las diputadas federales Marcela Guerra Castillo y Melissa Vargas Camacho señalaron que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Morena, rechazó las propuestas del Grupo Parlamentario del PRI para incluir el cierre de las vías de comunicación terrestre, en los ámbitos federal, estatal y municipal y la tentativa de homicidio, como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
A través de un comunicado, señalaron que como ha venido haciendo en todas las comisiones, a manera de castigo por haber votado en contra de la reforma eléctrica, los diputados federales del partido oficialista y sus aliados, el PVEM y el PT, se niegan a aprobar cualquier iniciativa del PRI, aun cuando están sean de gran beneficio para los mexicanos o, como en este caso, para mejorar la justicia.
El proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se propone la reforma del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anula, con la postura de los morenistas y sus aliados, la posibilidad de aumentar el número de delitos para que el juzgador ordene la prisión preventiva oficiosa en caso de la comisión de los delitos propuestos por las diputadas federales Marcela Guerra Castillo y Melissa Vargas Camacho.
Guerra Castillo presentó una iniciativa que reforma el párrafo segundo de dicho artículo, con el objetivo de que el cierre de las vías de comunicación terrestre, en los ámbitos federal, estatal y municipal ameriten prisión preventiva oficiosa.
En el documento, la legisladora neoleonesa advierte que en los últimos meses continuamente se han presentado cierres arbitrarios de vías de comunicación a lo largo del país, ya sea por contingentes de manifestantes, o bien, por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.
Refirió que de acuerdo con el titular de la Cámara de la Industria de Transformación del estado de Nuevo León (Caintra), Rodrigo Fernández, en promedio se han perdido 2 mil millones de pesos por las afectaciones logísticas generadas por las interrupciones en las cadenas de suministro.
Estos actos, subrayó la legisladora, no sólo ponen en riesgo la movilidad y la seguridad de las personas que intentan trasladarse de un lugar a otro, sino que también representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano, que requiere el traslado de los bienes y servicios que mercadean, además de pérdida de tiempo y dinero para las personas que tienen que esperar por horas la liberación de las vías incomunicadas.
A su vez, Vargas Camacho busca con su iniciativa que la tentativa de homicidio amerite prisión preventiva oficiosa, ante los 3 mil 462 asesinatos de mujeres que se perpetraron en México, de enero a noviembre de 2021. Destacó que pese al esfuerzo del Ejecutivo por señalar logros menores o reducciones puntuales en el combate a la violencia machista, la realidad a final de año es otra muy diferente.
La representante popular del PRI expuso que un estudio llevado a cabo por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en 2019, sobre las causas por las cuales los sistemas de procuración de justicia de los estados absuelven a presuntos feminicidas, encontró que las liberaciones ocurrieron por fallas al debido proceso y no por dudas fundadas sobre la responsabilidad del inculpado.
En este marco, “las diputadas y los diputados federales priistas hacemos un llamado a todas las bancadas a no politizar ni congelar temas tan importantes, que, como es evidente, es para proteger la economía y el empleo, así como para salvaguardar la integridad de las mujeres”, remataron Guerra Castillo y Vargas Camacho”.
