Por. José Antonio Guerrero
El extitular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández, quien desde el mes de abril fue removido de este organismo por presuntos actos de corrupción y asignado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), no aparece en el portal de Nómina Transparente del Gobierno Federal. La administración no ha informado sobre su posible baja del organismo.
En los registros de la página Nómina Transparente de la Administración Federal, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde cualquier persona puede consultar el nombre, cargo, percepción bruta y neta de cada servidor público, no aparece el nombre de Ovalle Fernández.
Si se realiza la consulta colocando solo el nombre y apellido, arroja un aviso indicando que “No se encontró ningún registro que cumpla con los parámetros de búsqueda”.
Si se trata de ubicar con apoyo de los filtros por sector o institución es necesario colocar primero la secretaría a la que pertenece el Inafed, este caso es Gobernación y a partir de ahí buscar el Instituto.
En la nómina del Inafed aparecen 48 servidores públicos, pero no así la información de Ovalle Fernández, pese a que su nombre sí está en el directorio de la dependencia.
Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López han dado a conocer sobre la baja de este servidor público, pese a que esta semana el primer mandatario reconoció que “hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando” e indicó que “ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación”.
En días recientes la SFP informó que diversas dependencias de la administración federal como la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, por la propia entidad y por empresas involucradas, han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos que pudieron ocasionar daño patrimonial contra a Segalmex, Diconsa y Liconsa, pero sin mencionar a Ignacio Ovalle, quien estaba al frente del organismo.
“En un inicio, la FGR abrió 22 carpetas de investigación, de las cuales 15 de ellas están en curso y una ya ha sido judicializada, en donde se investiga el uso ilícito de atribuciones y facultades y una persona exservidora pública fue vinculada a proceso”, se lee en el comunicado.
La Función Pública señaló que en el ámbito administrativo, su Órgano Interno de Control (OIC) abrió 17 expedientes de investigación: 10 se encuentran en etapa de investigación; 4 en proceso para determinar responsabilidades; 2 fueron concluidos por falta de elementos y 1 que está relacionado con faltas no graves tuvo resolución sancionatoria.
La dependencia afirmó que actualmente está revisando el ejercicio fiscal 2021, para descartar más actos de corrupción, por lo que programaron 38 actos de fiscalización a los programas de abasto rural, abasto social de leche y de precios de garantía; así como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; inventarios; presupuesto de gasto corriente, y al desempeño de procesos sustantivos, temas en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos en el ejercicio 2020.
Seguridad y Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un órgano creado por el presidente López Obrador, al inicio de su gobierno, en el que unió a Diconsa y Liconsa, y encargó su operación a Ignacio Ovalle Fernández, quien en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari también dirigió la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que fue inspiración para crear Segalmex.
Sin embargo, el pasado 18 de abril el secretario de Gobernación, Adán Augusto López hizo público que por “órdenes superiores” relevaban a Ovalle Fernández y en su lugar sería asignado Leonel Cota Montaño. En ese entonces a Ignacio Ovalle lo mantuvieron con un cargo menor al nombrarlo coordinador del Inafed.
