Raúl Flores Martínez.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene una tarea pendiente con la limpia en los juzgados para evitar que la corrupción, se siga dando.
Hace unos días visitó el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla dónde se comprometió a impulsar un programa para que los abogados oficio del CJF, pudieran ayudar a las reclusas en la revisión de sus casos, que en muchos casos son fabricados.
Algo similar deberían de hacer los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país, sobre todo en los juzgados de lo familiar, dónde se da la violencia institucional de las y los funcionarios que por unos pocos pesos, son capaces de vender a su propia madre.
De acuerdo con diversos testimonios, de las mujeres que sufren de la llamada violencia vicaria, al menos en la ciudad de México hay una red de corrupción entre abogados, secretarios de acuerdo y jueces de los juzgados familiares, quienes, sin revisar expedientes, les arrebatan a sus hijos a aquellas mujeres.
En esta red, no se tienen género, son mujeres y hombres que, por el afán de llevarse unos pesos extras en la bolsa, crean casos, situaciones e incluso delitos que para evitar que la madre o el padre que tiene la razón, se le despoje de su hijo.
Aquí una prueba que se está investigando en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dónde están siendo investigados los titulares y trabajadores del Juzgado 7 y 10 Oral de los Familiar, dónde dos sujetos de nombre Oscar Eduardo “F” y Michel Gaudeaux “G” de nacionalidad francesa, ex esposos de Gabriela “P”, unieron fuerzas para quitarles de manera irregular a sus dos hijos (Gabriela procreó un hijo en matrimonio con cada uno en su momento).
De acuerdo con los expedientes 134/2021 y 140/2021, el 14 de diciembre de 2021, Gabriela “P”, se presentó a una audiencia de Plática con el Menor en disputa, ante el Juez Séptimo Oral en la Ciudad de México que fue asistido por peritos de la Fiscalía y personal del DIF, donde se verificó el excelente estado de salud del menor.
En dicha audiencia se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Gabriela “P” por el presunto delito de sustracción de menores, la cual provenía del Ministerio Público de la Carpeta promovida por Oscar Eduardo “F” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, asentada en el expediente identificado con el número 215/2019.
Gabriela fue privada de su libertad, detenida en la FGJ de la ciudad de México, trasladada por la PDI al Penal de Mazatlán, “El Castillo” en donde permaneció con prisión preventiva como medida cautelar; sin embargo, El 20 de diciembre en la audiencia del Juzgado de la Primera Instancia de Control de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, el Juez de Control Marco Antonio López Acosta, dictó el auto de No Vinculación a Proceso, debido a las inconsistencias que presentaba la parte demandante, las omisiones de información hechas al MP de Mazatlán y a las autoridades de la Ciudad de México.
Este caso está siendo investigado de manera interna y tendrá consecuencias legales de inhabilitación y procesos que llevarán a prisión a quienes estuvieron involucrados en esta arbitrariedad, incluyendo abogadas, abogados y personal de los juzgados.
De acuerdo con la Información Filtrada, gracias a la movilización y cabildeo de los diversos colectivos de madres víctimas de violencia vicaria, este tipo de investigaciones, se comenzarán a llevar a cabo en los juzgados de lo familiar. No le sorprenda que jueces, secretario de acuerdo, trabajadores de juzgados de lo familiar y abogados, puedan ser inhabilitados, cancelada su cédula profesional y vinculados a proceso para llegar a prisión, un cambio que se esperaba y llegará a los Tribunales de Justicia del país.
