Raúl Flores Martínez.
Ayer escribimos algo sobre la muerte de Yolanda Martínez Cadena, quien estuvo desaparecida desde el pasado 31 de marzo y un mes y días se encontró muerta, una muerte misteriosa que está generando un roce entre el Gobernador Samuel García y el Fiscal General del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
A través de dos videos, el gobernador y el Fiscal, iniciaron una confrontación de declaraciones, donde se acusan de cuestiones políticas y legaloides, un pleito que se tiene desde hace unos meses, debido a que el titular de la Fiscalía, interponiendo su autonomía, no puede ser removido de su cargo.
Dos bombas han estallado en las manos de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, por llevar a cabo dos investigaciones que no tienen ni pies ni cabeza, las investigaciones de Debanhi Escobar Bazaldúa y Yolanda Martínez Cadena, quienes fueron reportadas, cómo desaparecidas y encontradas muertas de manera misteriosa, semanas después.
Cuál es el poder que tiene el Fiscal del Estado de Nuevo León, que no puede ser removido de su cargo ante la inoperancia de sus ministerios públicos y sus funcionarios mediocres, sigan ocupando puestos a pesar de que sus respuestas en las carpetas de investigación de la desaparición, diga solamente “Se fueron por voluntad propia”.
El modelo que tiene la Fiscalía basado en formar un comité para que puedan votar por la salida del Fiscal, es algo imposible en el estado por dos motivos. Uno, el comité está formado por empresarios y no por ciudadanos de la sociedad civil. Dos, la mayoría de empresarios son amigos del actual Fiscal que no podrá ser removido de su cargo.
Este mismo comité debe de seleccionar a diversos candidatos a los que se les debe de realizar un análisis de sus estudios, carrera profesional y sobre todo, analizan su árbol genealógico para saber que tipo de actividades tienen los familiares hasta tercer grado.
Vaya estupidez de la política regia, una política de apariencia, porque los propios regios lo dicen, en esa entidad se vive de apariencias en todos los ámbitos, más en el social, donde todos aparentan tener un mejor status; es decir, viven del engaño.
Engaño como el que aplicaron los llamados cabilderos, quienes estratégicamente evitaron que cualquier legislador o gobernador, pudiera meter mano en la designación del Fiscal General del Estado, es ahí donde se encuentra atorada el despido de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
Las leyes de Nuevo León protegen al Fiscal General, leyes hechas a modo, fue planeada estratégicamente para estar de manera perpetua en su cargo, el meollo del asunto está dentro de ley del sistema estatal anticorrupción de Nuevo León, que debería ser cambiado por los legisladores locales; sin embargo, todavía agachan las cabezas ante el poder del empresariado regio.
Ya inició la guerra entre el Gobierno y la Fiscalía del Estado de Nuevo León, ya surgió la guerra por dos desapariciones emblemáticas que utilizaron las redes sociales y los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales para dar a conocer las fallas garrafales que se tienen en investigación en la entidad, fallas que terminaran con despidos de los eslabones débiles y patadas bajo la mesa en Nuevo León.
