México.- La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) exhortó al Gobierno del estado de Aguascalientes a considerar la accesibilidad del cobro de impuestos en materia vehicular, con la finalidad de refrendar su voluntad política en apoyo a la economía familiar.
“Es importante continuar con la política fiscal que ha implementado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde ha aumentado históricamente la recaudación del país cobrando impuestos a los que más tienen, y con ello redistribuir los ingresos de la Hacienda Pública para apoyar a los más vulnerables, en especial para la base trabajadora y productiva del país”, sostuvo.
En conferencia de prensa, acompañada de integrantes del Sindicato Artículo 123, de Aguascalientes, la diputada explicó que, al entrar en vigor la nueva Ley de Movilidad del estado comenzaron abusos en los cobros en engomados, revisiones mecánicas e impuestos.
“El gobierno panista de esta entidad ha realizado cobros onerosos durante los últimos años afectando a trabajadores transportistas del estado, ya que con esta ley se cometen abusos en contra de los agremiados con el cobro de hasta cuatro mil pesos por el engomado de una unidad; 5 mil por la revisión mecánica, además del trato desigual a organizaciones transportistas”.
Abundó que, en la entidad, por común acuerdo con los concesionarios de diversas plataformas electrónicas de aplicación de transporte privado, el gobierno de la entidad realiza el cobro de IVA e ISR a los choferes de manera directa.
“En ese sentido cabe reiterar que está política gubernamental no significa más que un abuso en contra de la base trabajadora del sector transportista, pues busca cobrar impuestos a los que menos tienen y exentar de ellos a los más ricos”.
La legisladora señaló que, durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, con la desaceleración económica, la base trabajadora tuvo difíciles condiciones para sostener la economía familiar en sus hogares, por lo que las y los trabajadores del sector transportista fueron los más afectados, al no salir de sus casas la mayoría de la población.
Por lo anterior, es sumamente comprensibles sus demandas y denuncias ante los abusos por parte del gobierno del estado de Aguascalientes, con los cobros excesivos a sus unidades vehiculares.
“Ante la reactivación económica del gobierno federal es urgente la suma de voluntades de todos los niveles de gobierno para recuperar la estabilidad económica de las familias mexicanas”, añadió.
En su oportunidad, Irving Rivera Díaz, integrante del citado sindicato, apuntó que las y los choferes que trabajan en plataformas como Uber son los más afectados, pues se les cobra del 35 al 45% de uso de la plataforma, lo que merma sus ingresos.
“Si habláramos de materia laboral, en cinco puntos, podríamos decir que no se remunera el tiempo dedicado a la espera en los viajes; no existe relación alguna en el costo de conducir de regreso a áreas concurridas después de un viaje; el mantenimiento y seguro del vehículo; la falta de pago por una enfermedad del conductor, etcétera”, señaló.
Aseveró que los transportistas están a expensas de “cualquier ocurrencia” que se transforma a un concepto de cobro, “entiéndase tarjetón, holograma, cursos, verificaciones, sanitizaciones y todo lo que venga a la creatividad del legislador local”.
“Sacrifican los derechos por las utilidades del trabajador, y esto se llama corrupción, donde prostituyen los derechos laborales por dádivas a sus cuates del gobierno, donde los pseudolíderes con acto de corrupción consiguen los permisos y brincan requisitos”, concluyó.
Con información de la Cámara de Diputados
