México.- La Cámara de Diputados avaló, con 479 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contra el matrimonio infantil.
Desde tribuna, el diputado Alberto Villa Villegas (Morena) expresó que cada año, millones de niñas y niños en el mundo son orillados a consumar matrimonio, sin entender las consecuencias de lo que viven, ni de los riesgos en los que ponen su salud física, mental y su futuro.
A través de un comunicado dijo que ante esa realidad se busca obligar a todas las autoridades en sus tres niveles de gobierno a adoptar medidas integrales para la protección las y los infantes contra prácticas nocivas de cesión, a título oneroso o gratuito, con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
Además, acotó, se pretende establecer acciones afirmativas especialmente respecto a las y los jóvenes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de falta de movilidad o en exclusión social, pues “el matrimonio infantil afecta mayoritariamente a nuestras niñas y adolescentes de hogares indígenas”.
Detalló que 35 por ciento de las mujeres de entre 20 a 49 años provenientes de comunidades originarias iniciaron su vida conyugal antes de los 18 años, en contraste con el 23 por ciento de mujeres no indígenas.
Informó que entre los factores asociados al matrimonio infantil destacan las normas sociales y culturales, la situación socioeconómica familiar, los niveles de educación, usos y costumbres de las comunidades y la tolerancia social.
Señaló que el hecho de que jóvenes contraigan matrimonio de manera forzada constituye una práctica nociva y prohibida en casi todas las legislaciones del país, lo cual, sin embargo, no ha impedido que se consuman 335 mil 563 matrimonios, de los cuales 25 tuvieron una persona contrayente menor de edad.
Recordó que el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño determina que los Estados deberán tomar todas las medidas para garantizar su protección contra todas las actividades, opiniones o creencias de sus padres, tutores o familiares.
Señaló que estos principios coinciden con la obligación establecida en el artículo 4º constitucional sobre defender los derechos de los infantes, en especial de las niñas y las adolescentes, ante la posible violación de sus derechos humanos.
Lamentó la existencia de prácticas familiares y sociales que vulneran los derechos fundamentales y la dignidad humana de niñas y niños, obligándolos a convertirse a temprana edad en esposas, esposos y padres y madres.
“Para que el futuro de México florezca y dé buenos frutos, es necesario que garanticemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, expresó.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Con información de la Cámara de Diputados
