Por. José C. Serrano
El Comité contra la Desaparición Forzada, instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), surgido de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, remitió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un informe para su análisis y posterior contestación.
El documento incluye en su diseño aspectos sustantivos como la crisis forense, erradicación de las causas estructurales de la impunidad, remoción del enfoque de militarización de la seguridad pública, fortalecimiento de las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, cancelación de los obstáculos que impidan la judicialización de los casos de desaparición forzada, entre otros.
En el informe de 30 páginas, el comité ha señalado que más del 98 por ciento de las desapariciones han sucedido entre 2006 y 2021. Actualmente, en México hay 98 mil 944 personas desaparecidas y no localizadas. Hasta noviembre de 2021, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de las desapariciones habían sido judicializadas, y se habían emitido 36 sentencias en todo el país, de acuerdo con la investigación del Comité. Una impunidad “casi absoluta”, apuntaron los expertos.
Según la información brindada al Comité, entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues una cifra superior al 98 por ciento tuvo lugar en dicho período. Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que se produjo durante el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), en el que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios.
De este modo, si en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaron por ser principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del gobierno y las fuerzas armadas, cuyas víctimas eran mayoritariamente grupos sociales de oposición, a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas.
Según la información proporcionada por el Estado parte, al 26 de noviembre de 2021 sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas habían sido judicializados.
A ello se suma la actitud pasiva muchas veces de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Lo anterior contribuye a la notoria falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados.
La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar las desapariciones forzadas.
El Comité expresó su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes e instalaciones de los servicios forenses y universidades. Los recursos no fluyen hacia esta parcela. Hay otras prioridades que apuntan al continuismo del grupo político en el poder.
Ante este espléndido informe, AMLO ha respondido desde Palacio Nacional: “Ellos (los expertos) no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad”.
“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados, si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción ni la impunidad”. “¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”. El presidente ha activado así, una vez más, su estrategia de confrontación y descalificación ante las críticas a su gobierno.
En un remoto ojalá, las víctimas esperarían que las vacaciones de primavera de AMLO, en La Chingada, su finca de Tonalá, Chiapas, le hayan servido para rectificar su testarudo modo de pensar y actuar.
