Rubén Cortés.
En medio de las muchas naderías a que el presidente somete la conversación pública diaria, está pasando de largo que la ONU discutirá el incremento en México del número de desapariciones de menores de 12 años, de adolescentes y de mujeres.
El informe de la reciente visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, será discutido ante el Pleno en Ginebra, para hacer recomendaciones que la autollamada “Cuarta Transformación” deberá adoptar e implementar inmediatamente.
Los contenidos del informe son de tragedia. Y de escándalo. Aquí se registra un asesinato cada 15 minutos y desaparecen 17 mil personas al año. Pero la impunidad es casi total: solo ha habido 36 sentencias de casi 100 mil casos de personas desaparecidas.
Somos tierra de nadie. Claro, el presidente ya dijo que la ONU “no actúa con apego a la verdad”. Sin embargo, su gobierno registra los récords más altos de criminalidad en la historia del país: casi 120 mil asesinatos desde 2019, incluidas 10 mujeres y un policía diarios.
Aunque los asesinatos y desapariciones no son un registro exclusivo de este gobierno. La ONU demuestra que vienen básicamente desde 2006, porque la estructura legal del Estado no defiende a las víctimas, a los defensores de éstas ni a los funcionarios.
Sin embargo, el problema recae en el actual gobierno, pues llegó al poder con la promesa de campaña de que, al día siguiente de tomar posesión, pondría fin a la inseguridad y a la criminalidad, así como que daría servicios de salud como en Dinamarca y Suecia.
Prometió: “Los soldados dejarán de patrullar las calles y volverán a sus cuarteles en julio de 2019. Nos llevará seis meses”. Pero en verdad, para julio de 2019 ya tenía al Ejército construyendo un Estado dentro del Estado, infiltrando a todo el poder civil.
Según el entonces candidato, los asesinatos y las desapariciones de los que hoy acusa la ONU a México, se acabarían inmediatamente, porque la solución estaba en dar empleo, bienestar y atención a los jóvenes para combatir a la delincuencia, con programas sociales.
Y dedicó 3.4 billones de pesos (la mitad de todo el presupuesto de la nación) para eliminar la pobreza. Pero parece que tiró el dinero al caño: según el propio gobierno, sólo en el último año aumentó en seis millones el número de pobres extremos.
Pese a gastar más de la mitad de nuestros impuestos en combatir la pobreza, sólo de 2022 2021 aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas que no tienen para comer. Y, además, a diario son rotos todos los récords de asesinatos. Resultado: pobreza y crimen
Pero todo eso se extravía entre las naderías a que somete la conversación pública nuestro presidente.
