Rubén Cortés.
Ocho años después (y más de tres millones de dólares cobrados) el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH viene a decir lo que se sabe desde el primer día: que los 43 jóvenes del Caso Iguala no están vivos.
Al GIEI lo trajo el ahora senador Emilio Álvarez Icaza, aliado al grupo político que gobierna hoy, para golpear al gobierno del sexenio pasado, al cual le sacó cuatro tandas de medio millón de dólares. Especialistas en sacar lana, al actual también le arañaron 600 mil:
“El día 29 de enero de 2019 se transfirieron a la CIDH 600 mil dólares estadounidenses por contribución voluntaria a favor de ese organismo interamericano para las labores relacionadas con el caso Ayotzinapa”.
Este fracaso del GIEI en el Caso Iguala pega en la línea de flotación de la CIDH, pues siempre engatusó a los familiares de las víctimas y a la sociedad mexicana, generando expectativas de que estaban vivos los estudiantes, desparecidos por el crimen organizado.
En la página 345 de su informe de septiembre de 2015, recomendó buscarlos en fosas clandestinas, así como en hornos crematorios supuestamente de cuarteles militares, en algunos de los cuales intentaron dar portazo varios de quienes hoy están en el gobierno.
Después generó expectativas de que estaban vivos, al asentar en otro informe: “No hay evidencia de que en el basurero de Cocula se incendiaron a 43 estudiantes”. Su afirmación se basó en una visita de 20 minutos y en unas fotos tomadas en el sitio.
En 20 minutos, determinó que era imposible quemar allí algunos cuerpos, como concluyeron más de 100 peritos en fuego, y estudios del Instituto de Biología de la UNAM, del Imperial College de Londres y la Oficina Forense de Norfolk.
Aunque lo cierto es que a estos supuestos expertos y a su jefe Álvarez Icaza (como presidente de la CIDH), nunca les interesó la verdad. Sólo se prestaron para golpear al gobierno de entonces, y a incidir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2018.
Además, ninguno es experto en nada. Se dedican a la grilla política en sus países, igual que Álvarez Icaza aquí:
—Ángela Buitrago, quien como Fiscal de Colombia encarceló injustamente ocho años a un coronel, con base en un único testigo que al final se retractó.
—El chileno Francisco Cox quien, aunque cobraba aquí, se la vivía en Uganda, donde formaba parte de Victims’ Foundation para defender a un soldado acusado de secuestrar, violar y matar a miles de personas.
—Claudia Paz y Paz, acusada en Guatemala de usar su cargo como Fiscal General para encubrir la red de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, actualmente preso.
Y, en México, lucraron con el Caso Iguala.
