Rubén Cortés.
La sangría a las arcas del Estado es de niveles antológicos: para no aumentar más el precio de la gasolina, el gobierno extraerá de las arcas del Estado el equivalente a cinco veces el presupuesto de este año para el Tren Maya, que es de 64 mil millones de pesos.
Esa sangría se llama subsidio. Y subsidio son también los 419.4 millones de pesos con los que empezará a funcionar, con un vuelo internacional y tres nacionales, el aeropuerto de Santa Lucía, tras dos años y 11 meses de construcción por parte del Ejército.
Pero no terminarán mañana los problemas que provocaron que el gobierno los intente resolver con esos subsidios exorbitantes: la gasolina está cara en todo el mundo por la invasión rusa a Ucrania; y Santa Lucía tardará en funcionar al cien por ciento.
Y se trata de una sangría a las arcas del Estado en un país que, durante los últimos 12 meses perdió cerca de 300 mil millones de pesos, porque los inversionistas nacionales y los internacionales desconfían de su política económica.
La inseguridad jurídica y el riesgo de los empresarios a invertir o mantener su dinero aquí (a causa de las leoninas medidas económicas del gobierno), motivaron tal fuga de capitales en 2021, que rompió el récord establecido en 2020. Veamos:
México registró la segunda mayor salida de capitales en el mercado de deuda durante 2021, sólo detrás de República Checa, y la mayor entre todas las economías emergentes si se suman los saldos de otras inversiones en acciones.
De acuerdo con la organización de bancos, de México salieron capitales por más de 13 mil 345 millones de dólares únicamente en el mercado de deuda, sólo superado por los 15 mil 129 millones que registró la República Checa.
Es decir: se escapa de México la misma cantidad de dinero que le entraba por inversiones durante los seis años del gobierno anterior, que registraba un promedio de cerca de 12 mil millones de dólares anuales.
Pues sí: es imposible que un país soporte esa manera de manejar la economía sin que suceda lo que sucedió el pasado año: creció en 3.8 millones el número de pobres. Este gobierno arrancó con 51.9 millones y hoy tiene 55.7 millones.
Es de locos, porque aparecen más pobres a pesar de que el gobierno presume que gasta 3.4 billones de pesos en programas para eliminar la pobreza, en especial de personas incluidas en los sectores más desprotegidos.
Para eliminar la pobreza, ejerce la mitad de todo el presupuesto programado para 2022 (que es de siete billones de pesos), y aún así hay 3.8 millones de nuevos pobres. Algo les está saliendo muy mal.
Y de nada valdrán tantos subsidios.
