México.- El Grupo Parlamentario del PAN, en voz del diputado Rodrigo Sánchez Zepeda, presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, para combatir el conflicto de interés y los delitos de corrupción en nuestro país.
A través de un comunicado indicó que con esta iniciativa se sancionará a todo servidor público que mediante su empleo obligue, presione, amenace o induzca para que se otorguen cualquier acto jurídico que produzca algún beneficio económico indebido para sí mismo o para un tercero.
La iniciativa reforma los artículos 48 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, 220, adicionándose una fracción segunda, recorriéndose la segunda para quedar como tercera y se adiciona la fracción cuarta, 221 y 224 del Código Penal Federal, entre lo que se destaca lo siguiente:
Reconocer que la declaración de intereses de los altos funcionarios deberá contener la información relacionada con sus familiares por consanguinidad hasta en cuarto grado.
Incluir en las declaraciones los datos que involucren a suegras y suegros, así como nueras y yernos de los servidores públicos del alto nivel.
Sancionar a dichos servidores con multa por la cantidad equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la UMA en el caso de que incumplan con su deber de presentar en tiempo y forma con cualquiera de sus respectivas declaraciones.
Actualizar las hipótesis de Ejercicio Abusivo de Funciones y de Tráfico de Influencias, ampliando los supuestos de comisión de dichas faltas, cuando los beneficios ilícitos también se generen a favor del entorno personal de determinados servidores públicos tales como el Presidente de la República o de los secretarios de Estado.
Agregar la consecuencia jurídica a cargo del sentenciado consistente en la reparación integral del daño, que implica medidas de satisfacción adicionales a la cobertura del menoscabo material, como son disculpa pública, garantías de no repetición, entre otras.
La propuesta de ley fue turnada a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y a la de Justicia, para su análisis.
Con información de la Cámara de Diputados
