Francisco Garfias.
Otra vez el ministro Arturo Zaldívar se puso en el centro de las críticas al revelar, casi 13 años después de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, una supuesta “operación de Estado” para proteger a la familia de Margarita Zavala.
Ese fue su “bautizo” como ministro. Llevaba meses en la Suprema Corte cuando, según narró, le turnaron el asunto de la Guardería de Hermosillo que no le tocaba.
“Mis compañeros ministros me quisieron chamaquear. Pensaron que iba a convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno”, dijo Zaldívar en un evento en el que presentó su libro “10 Años de Derecho, Una autobiografía jurisdiccional”.
Más tardó en hacer sus revelaciones que la otrora primera dama –hoy diputada federal del PAN—en calificarlo de “mentiroso” y de “empleado” del presidente López Obrador.
En un hilo que escribió en twitter, Zavala afirma:
“Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia.
“Fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso en contra de una pariente mía en sexto grado y otros”.
En el incendio de la Guardería ABC murieron 49 niños. Otros 100 resultaron lesionados. 22 funcionarios federales y locales fueron a dar a la cárcel por negligencia.
Zaldívar mencionó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como el mensajero que le transmitió las presiones de Felipe Calderón que Margarita niega.
Narra que en una reunión que terminó a gritos, Gómez Mont le dijo: “Dice el presidente que no te apoyamos para eso”. Zaldívar le respondió: “dile al presidente que postuló a un ministro, no designó a un secretario de estado.”
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¿Por qué hasta ahora decidió hablar? Es la pregunta que todos nos hacemos. La respuesta que predomina es la misma: el ministro anda de queda bien con el presidente.
En el Senado y en San Lázaro legisladores de Morena chocaron con opositores al abordar el tema. La diputada morenista Guadalupe Chavira propone incluso juicio político para Margarita.
La senadora panista Xóchitl Gálvez no se anduvo por las ramas. Dice que a Zaldívar “le faltaron tompiates” para hacer la denuncia cuando ocurrieron los hechos.
Una voz que destacó fue la del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta:
“A mí siempre me genera suspicacia que funcionarios, políticos, actores declaren después de muchos años ¿Por qué no hacerlo en el momento que están sufriendo estas presiones?
“…El destiempo si te genera un proceso, al menos de duda”, puntualizó.
Zaldívar, no hay que perderlo de vista, llegó a la SCJN propuesto por el entonces presidente Felipe Calderón, esposo de Margarita. Al hacer sus revelaciones, en la presentación de un libro suyo, dijo que en ese tiempo no hizo públicas las presiones que recibió, porque quiso “proteger” a la SCJN.
¿También la quiso proteger cuando buscó extender dos años su mandato como presidente de la Suprema Corte? ¡Ah perdón! Ya dijo que él no tuvo nada que ver en ese asunto.
Fuera del ámbito politico, Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le dijo al IMER que las “revelaciones” de Zaldívar no tienen consecuencia legal alguna.
“No son ajenas a la manera como sigue operando el sistema presidencalista. Lo que sí me parece oportunista es hacerlo 13 años después… abona al golpeteo a las presidencias pasadas”.
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Regresó la moda del chapulineo. Legisladores que brincan de un partido a otro porque no los hicieron candidatos o porque no están de acuerdo con las directrices de su dirigencia.
En los pasillos del Senado nos enteramos ayer que hay negociaciones para que senadores del PAN que no están contentos con Marko Cortés, jefe nacional del azul, se pasen a la bancada de Movimiento Ciudadano. Buscamos confirmarlo al más alto nivel. “Es cierto”, nos dijeron.
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Los senadores del Grupo Plural entregaron al canciller Marcelo Ebrard una carta en la que le piden emplace públicamente al dictador Daniel Ortega para que libere a los presos políticos que saturan las cárceles de Nicaragua.
En la misiva que Nancy de la Sierra, coordinadora del Grupo Plural, le entregó a Marcelo, solicitan, en concreto, que condiciones las relaciones con Nicaragua al cese de persecuciones y agresiones a opositores; que garantice los derechos de asociación y manifestación; y el respeto irrestricto a la libertad de expresión.
De lo contrario, lo emplazan a romper relaciones diplomáticas con el “régimen dictatorial” de la dupla Ortega-Murillo que azota Nicaragua.
