Francisco Garfias.
Dicen los consultores del Grupo Eurasia, con sede en Nueva York y oficinas en todo el mundo, que no parece haber mayor escándalo en la llamada Casa Gris.
Advierte, sin embargo, que el trabajo de “asesor legal” que José Ramón López Beltrán desempeña para la empresa de los hijos del patrón del Grupo Vidanta, en Houston, Texas, podría tener “mayores ramificaciones”.
“Es poco probable que (las casas) tengan repercusiones políticas significativas, ya que la popularidad del presidente ha resistido, pero a diferencia de otras crisis, esta tiene más espacio para escalar y convertirse en un problema real para López Obrador”, advierte Eurasia.
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Ya es de dominio publico que el hijo mayor del presidente vivió en casas de lujo en Texas, durante los últimos años. Una es propiedad de Keith Louis Schilling, alto ejecutivo en Baker Hughes.
“Dado que la empresa es contratista de Pemex, esto podría representar un conflicto de interés. Además, recientemente se informó que la casa nunca fue inscrita en el registro público, algo requerido en Texas, lo que generó nuevos interrogantes sobre la relación entre el propietario y la familia López-Adams”.
Eurasia no soslaya que Baker Hughes realizó una investigación interna y concluyó que no existe conflicto de intereses, aunque no menciona que esa compañía se ha beneficiado de contratos con Pemex. Es juez y parte.
Recuerda que José Ramón trabaja para Kei Partners, una firma creada en 2019 por familiares de un empresario mexicano muy cercano al presidente (Daniel Chávez), que ha estado colaborando en algunos proyectos gubernamentales.
Por cierto que un “ciudadano” nos hizo llegar copia de una lista de la Barra de Abogados en Texas que incluye a los consultores extranjeros calificados en ese estado. Hay 53 nombres. 18 son mexicanos, uno franco-mexicano. No figura López Beltrán.
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Senadores de Morena y sus aliados en la Cámara alta bloquearon un punto de acuerdo presentado por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.
El texto exhortaba al director general de Petróleos Mexicanos a rendir un informe al Senado sobre lo siguiente:
El número de contratos, objeto, monto y plazo de ejecución de cada uno de los contratos que han sido asignados a Baker Hughes por parte de Pemex, sus filiales o subsidiarias, a partir del 1 de diciembre de 2018, así como el mecanismo de asignación de dichos contratos.
Pide a Pemex que informe si la contratista presentó la declaración de no conflicto de interés y si en ésta manifestó que uno de sus directivos era propietario de una de las casas ocupadas por el hijo del Presidente.
Xóchitl recordó que el matrimonio López Beltrán-Adams pagaba una renta de alrededor de 120 mil pesos mensuales (mas que lo que gana el Presidente.)
“Lo preocupante es que esa casa que ocupó entre 2019 y 2020 estaba a nombre de Keith Schilling, quien fuera un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares”, puntualizó.
La senadora del PAN, por cierto, anunció que la denuncia por posible conflicto de interés en la Casa Gris ya fue admitida por la Security Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
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“¿No que yo era la traidora?” Increpó Marybel Villegas a los senadores más radicales del grupo de Morena –al que pertenece– que la anatemizaron, basados en versiones de que iba a ser candidatura del MC al gobierno de Quintana Roo. Al final, el partido naranja va a postular a otro senador que perteneció al Grupo de Morena, pero este cercano a los duros que atacaban a Marybel: José Luis Pech.
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El INE negó en forma tajante haber presionado a la Televisión Pública para que no transmita el parlamento abierto sobre la Reforma Energética que se desarrolla en San Lázaro. Señalan a Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, como fuente de esa información “falsa e inexacta”.
“La autoridad electoral niega que se le haya instruido o intimidado a funcionario alguno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano o a cualquier otro medio de comunicación, el cese de alguna transmisión”, dice el Instituto.
El árbitro electoral, sin embargo, refrendó su llamado a todos los funcionarios públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a respetar la veda por el proceso de revocación de mandato.
“Cualquier recordatorio que el INE o alguno de sus consejeros haya hecho públicamente sobre el respeto que debe prevalecer a la legalidad no constituye un acto de intimidación, sino de prevención y difusión”, puntualiza.
Villamil estuvo en los foros sobre la Reforma Energética que se desarrollan en la Cámara de Diputados. Comparó a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama con “Torquemada”.
FIN.
