Por. Rubén Cortés
Sólo fueron necesarios tres años para que el actual gobierno acreditara su error histórico: eliminar un mal cultural en el universo latinoamericano (como lo es la corrupción) con base en el ejemplo de un ser humano (el presidente) y no es una barrera de instituciones públicas, sujetas a escrutinio popular.
Pero, el Jefe del Ejecutivo es una persona común, como la inmensa mayoría, proclive a errores (y a errores de sus colaboradores más cercanos y familiares, como toda persona común) que impiden probar una honestidad inmaculada, cuya existencia todavía no ha registrado la humanidad.
Por establecer la lucha anticorrupción en la honestidad inmaculada de una persona común, en lugar de instituciones vigiladas (como venía gestando la sociedad desde el año 2000), este gobierno registra corrupción asociada al desvío de recursos, licitaciones a dedo, clientelismo y al uso político electoral.
Un estudio del TEC de Monterrey demuestra que apenas la mitad de 28 programas sociales de este gobierno, para apoyar a la población durante la pandemia, pueden ser revisados por la ciudadanía, para saber en qué consisten, a quiénes llegan, cada qué tiempo: opacidad y más opacidad.
Ninguno de los programas cuenta con un comité de vigilancia ciudadana, únicamente algunos disponen de algún elemento que permita a la gente verificar su funcionamiento y nada más cuatro de ellos registran con auditorías financieras: relajo y más relajo.
Pero lo peor de este destrampe es que se realiza con dinero de quienes pagan impuestos. Hay que insistir en que no existe eso de “dinero público”, porque los gobiernos no generan dinero: los gobiernos obtienen el dinero de los impuestos y de la venta de los bienes que producen sus gobernados.
Otro ejemplo del fomento a la corrupción en este gobierno, es que casi no licita las obras que construye con el dinero de quienes pagan impuestos y crean bienes que el gobierno vende dentro y fuera del país: entrega ocho de cada 10 contratos por adjudicación directa: a dedo, a capricho.
Y existe una guía muy básica para saber que es una licitación, eh. Veámosla:
Cuando el gobierno compra o contrata un bien, un servicio o una obra pública, tiene las alternativas de hacer una licitación pública, invitar a tres participantes para contratar al que ofrezca mejores condiciones o adjudicar de manera directa el contrato a una persona sin competencia alguna.
Pero la Constitución (artículo 134) aclara que la licitación pública debe ser la regla; mientras que sólo deben realizarse de manera excepcional lo de invitar a tres participantes o adjudicar de manera directa el contrato a una persona sin competencia alguna. Este gobierno abusa, al adjudicar sin competencia.
Porque es un gobierno sometido a las decisiones de una persona común.
