Por. Alejandro Zapata Perogordo
Ya vamos en el cuarto año del sexenio y dadas las condiciones, es el tiempo justo para llevar a cabo una reforma electoral, los tiempos ya no dan otro momento, así que pasadas las elecciones de junio comenzará la confección de las reglas encaminadas a regular el proceso del 2024, en el que se renueva la Presidencia.
Las reformas electorales en el país han sido cuestionadas por tener un origen a partir de propuestas formuladas por los institutos políticos, razón por la cual se les etiqueta provenientes de la partidocracia en aras de beneficiar a los Partidos Políticos.
La tendencia de arribar a acuerdos cupulares entre las diferentes fuerzas políticas fijando las reglas de competencia electoral a la par de nombrar a las personas que fungen como árbitros, ha dado pauta a una crítica sostenida sobre la base de una conformación sesgada de los órganos electorales.
Pues bien, es hora de hacer ajustes para regular los procesos para elegir gobernantes, pues si bien, en las últimas tres décadas es indiscutible su avance, aún existen resabios que deben ser extirpados, máxime cuando además han surgido cuestiones adicionales que ponen en riesgo la imparcialidad y la libertad del sufragio, consecuentemente, ameritan ser abordadas, analizadas y reglamentadas para evitar fenómenos que atenten en contra de los derechos ciudadanos.
Las prácticas de compra de votos; la participación de la delincuencia organizada en las campañas; el amedrentamiento de candidatos y ciudadanos; el clientelismo corporativista desde los gobiernos con programas sociales; hasta el encarcelamiento de adversarios políticos, el secuestro o ejecución de candidatos, son aspectos que cada vez se presentan con mayor intensidad.
La intervención oficial en las contiendas es un hecho palpable que provoca un desequilibrio intencional, haciendo nugatorio el principio de imparcialidad con que deben conducirse, dando al traste con la voluntad ciudadana y erosionando el desarrollo cultural de la democracia.
Esa forma de operar se ha visto más acentuada en los últimos procesos electorales, donde ha quedado evidencia de la forma de actuar de una administración que no ha dejado de hacer campaña proselitista a favor de los candidatos oficiales desde el inicio del sexenio.
La pregunta sería ¿por qué cambiar su naturaleza?, ¿cuál es el propósito de una reforma electoral? En realidad siguiendo su comportamiento, difícilmente podremos encontrar una respuesta positiva creíble, que inspire confianza y además que sea observada y aplicada, cuando la norma jurídica en lo que a ellos respecta la han convertido en letra muerta.
Me inclino a pensar, que la intención en el fondo lleva consigo una consigna para cambiar a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, aprovechando el viaje para consolidar la amenaza latente de exterminar al órgano y poner gente a modo.
Y conste que es necesario adecuar las reglas que regulan los procesos electorales, sin embargo, la conducta de quienes se encuentran en el poder, nos conduce a pensar que solo les interesa conservar el gobierno sin importar los medios.
