Con el fin de imponer una pena de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien venda o distribuya medicamentos propiedad de las instituciones de salud, la diputada María Macarena Chávez Flores, del PRD, propuso reformar la Ley General de Salud.
La iniciativa plantea adicionar el inciso V al artículo 464 Ter para establecer sanciones a quien ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos propiedad de las instituciones del sector salud, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.
Asimismo, cita que en caso de que funcionarios o empleados de dichas instituciones sean quienes cometan tales ilícitos, la pena se incrementará en un 50 por ciento.
El documento, que se encuentra en la Comisión de Salud para su análisis, pretende modificar el artículo 225 del citado ordenamiento con el fin de que en el empaque de los medicamentos se use una presentación distinta entre los destinados al sector público, los cuales deberán presentar las leyendas “prohibida su venta” y “la venta al público de este medicamento constituye un delito en los términos de la Ley General de Salud”.
Expone que la venta en el mercado negro de medicamentos sustraídos de manera ilícita de clínicas, hospitales, almacenes y depósitos de las distintas instituciones de salud, tanto federales como locales, contribuye al incremento de dicho mercado que se nutre de medicamentos falsos y/o adulterados.
Agrega que también hay fármacos de importación irregular, los cuales son parte de la gama de fuentes de ingresos tanto para el crimen organizado como para el menor en nuestro país.
Señala que los costos asociados a estas prácticas en las clínicas se incrementan y su impacto negativo en el patrimonio de las instituciones lleva a la escasez de medicamentos dirigidos a los derechohabientes y para la ciudadanía de escasos recursos que requieren tratamientos a largo plazo, en algunos casos, y en otros de por vida como enfermedades de naturaleza crónico-degenerativa.
Afirma que la sustracción de medicinas, materiales y fármacos, en el mayor porcentaje es perpetrado al interior de las mismas instalaciones en su mayoría por empleados que tienen acceso a los depósitos y centros farmacéuticos del sector salud, por lo que al incurrir en estos delitos son quienes principalmente hacen posible la cadena delictiva.
Indica que “es de sobra conocido que durante la pandemia el robo de medicamentos se disparó, pero en cifras publicadas el incremento fue de 82.5 por ciento sólo en 2020, y los cálculos arrojan que el valor del mercado negro puede alcanzar más de mil 500 millones de dólares, según cifras de organismos oficiales y privados”.
Puntualiza que la escasez de insumos médicos debido a la pandemia, provocó una respuesta rápida del mercado negro de fármacos, lo que hace necesario y urgente tomar cartas en el asunto; por ello, la iniciativa busca mitigar el daño a la salud pública debido al robo al sector público.
