México.- Durante la reunión de trabajo de febrero entre autoridades de la Administración Pública Federal (AFP) y de los estados con organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales y de la academia, para implementar acciones en contra de la venta de niñas y adolescentes con fines de matrimonio o unión temprana, se reconocieron carencias para un abordaje integral, así como la necesidad de datos estadísticos actualizados para un diagnóstico nacional, la ausencia de un cuerpo de conocimiento que ayude a entender este fenómeno a cabalidad y de un marco jurídico adecuado.
Desde 2021, se llevan a cabo este tipo de encuentros, coordinadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
En esta ocasión, para establecer un terreno común del que puedan partir acciones urgentes para enfrentar el problema, se estableció un diálogo en el que representantes de gobiernos estatales plantearon situaciones y posibles soluciones.
Al participar la Secretaría de Gobierno del estado de Hidalgo se manifestó por realizar un análisis exhaustivo sobre las causas e ideología que conducen al matrimonio infantil y forzado, así como de la necesidad de generar políticas públicas y leyes que combatan esta problemática; y propuso también la capacitación exhaustiva tendente a la erradicación de estas prácticas, el fomento a la denuncia y a estudios enfocados de lo individual a lo social, con base en el reconocimiento de que la niñez es la etapa más importante en el desarrollo del ser humano.
En tanto, por parte de la Secretaría de Gobierno de Chiapas se señaló que se debe comenzar por el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Donde no se pueden admitir usos y costumbres que permiten la venta de niñas para matrimonios tempranos. Se enfatizó en que el Estado debe asumir ser el garante de estos derechos con base en el Interés Superior de la Niñez.
A su vez, la Secretaría Ejecutiva del sistema de Oaxaca expuso que cualquier propuesta de intervención para atender la problemática debe tener un diagnóstico con enfoque multidisciplinario que considere todos los factores que intervienen y que permita iniciar un amplio proceso de reflexión en el que participen comunidades indígenas, niñas y adolescentes, sectores público y social e instituciones académicas.
Este ejercicio podría introducirse en espacios intersectoriales como el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo en Adolescente. De igual forma propuso impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante campañas dirigidas a familias y comunidades, lo que implica promover su participación comunitaria para que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta.
Por parte de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer de Guerrero se planteó que esta problemática está muy arraigada en la entidad, por ello se implementa la estrategia para prevenir, atender y sancionar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, cuyo objetivo principal consiste en fortalecer a los municipios para que asuman sus obligaciones junto con la operación de sus sistemas.
Además de contar con capacitación y profesionalización del personal, protocolos de actuación y alineación de servicios de salud en territorio, en especial, con los nueve municipios que tienen declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Con información de la SEGOB
