En la conmemoración del 105 aniversario de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las reformas impulsadas por el Gobierno garantizan los derechos del pueblo, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.
En el Teatro de la República, en Querétaro, recordó que la actual administración optó por llevar a cabo cambios a la Carta Magna que aseguran el cumplimiento de derechos en la sociedad, como las pensiones a personas adultas mayores y niñas y niños con discapacidad; las becas a estudiantes y el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos.
El mandatario calificó como un logro que se haya establecido en un artículo transitorio en la Constitución que ningún gobierno puede reducir los presupuestos destinados a estas acciones.
Resaltó la trascendencia de la reforma al artículo 28, que prohíbe la condonación de impuestos.
“Era un abuso, una gran injusticia que la gran mayoría de los mexicanos, los más pobres, estaban obligados a pagar sus impuestos (…) pero las grandes corporaciones, empresariales, financieras no pagaban, se les condonaban miles de millones de pesos. Fue un avance esta reforma”, subrayó.
El jefe del Ejecutivo enfatizó en la necesidad de consolidar la reforma eléctrica para fortalecer la soberanía energética en el país.
Explicó que el objetivo es equilibrar y proteger a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública.
“Se le dio, en la reforma energética anterior, todos los privilegios a las empresas particulares al grado de que si esto no resolvemos desaparece la Comisión Federal de Electricidad porque hasta para despachar la energía se prefirió a las empresas extranjeras”, abundó.
Otra reforma que es necesario debatir, dijo, es la electoral para acabar con los fraudes y hacer valer la democracia.
“Que tengamos jueces y autoridades imparciales para que las elecciones sean limpias, sean libres, como lo pedía Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. (…) Nos podemos poner de acuerdo con eso”, subrayó.
El presidente reiteró que se requiere una reforma enfocada en la consolidación de la Guardia Nacional como un institución que pueda servir por décadas para la protección del pueblo. La propuesta del Ejecutivo es que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional.
