Francisco Garfias.
Los tres ministros que llegaron a la Suprema Corte de Justicia –a propuesta del presidente López Obrador- votaron en contra de eliminar la parte de la pregunta que transforma la revocación de mandato en lo que no debe ser: una ratificación de mandato.
¿Casualidad? Yasmin Esquivel, Margarita Ríos Farjat, y Juan Luis González Alcántara se acomodaron a la redacción a modo de la pregunta –en realidad son dos- aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso:
¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?”
Los tres votaron contra la ponencia del ministro Jorge Pardo que proponía suprimir la segunda parte de la pregunta.
Faltaba un voto para obtener la mayoría calificada requerida para suprimir la parte que tiene que ver con ratificación y dejar solo la revocación.
¿Quién creen que inclino la balanza a favor de que la pregunta no se modificara? Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN; el mismo que quiso prolongar dos años más su mandato en el máximo tribunal, apoyado por YSQ.
Había que darle gusto a AMLO y a sus morenos, a pesar de que siete de los once ministros esgrimieron argumentos para declarar inconstitucional la segunda parte de la pregunta sobre la continuidad del mandato.
La acción de Inconstitucionalidad fue promovida por diputados de oposición que demandaban la invalidez de diversos preceptos de la Ley de Revocación de Mandato.
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Roberto Campa fue uno de los once diputados del PRI –de 224 que eran entonces—que en abril del 2005 votó contra del desafuero del entonces jefe de gobierno de DF, Andrés Manuel López Obrador.
Campa subió a la Tribuna para hablar en contra de lo que pensaban sus compañeros de bancada, y abogar en favor de la tolerancia y la capacidad para construir con el que piensa diferente.
El presidente mencionó ayer a Roberto en la mañanera, luego que declarara que Femsa -de la que hoy es director corporativo—no asistirá a la conferencia matutina a debatir si los Oxxo´s pagan menos por la luz que los hogares mexicanos.
“Los Oxxos, que son del señor Fernández, de Femsa. Esa empresa tiene la práctica de contratar políticos para sus relaciones públicas… Por ahí estuvo García Luna y antes estuvo el almirante Wilfrido Robledo, pero antes Tello Peón.
“Luego contrataron a Genaro Borrego, que fue secretario particular de Miguel de la Madrid y gobernador de Zacatecas—, y ahora tienen a Campa y, bueno, a Reforma, pero eso ya es de dominio público”, señaló AMLO.
Volvimos a hablar con Roberto. Nos dijo: “desde esta nueva trinchera sigo pensando que, a pesar de las dificultades, tenemos que ver hacia delante. Respetemos nuestras diferencias y el afiancemos nuestras coincidencias.”
Nos preguntamos si al Presidente ya se le olvidó esa muestra de solidaridad que recibió de Campa en 2005, o si de plano lo tiene sin cuidado
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Se va a armar en el Senado. El PAN va meter, en la sesión de hoy, dos puntos de acuerdo que tienen que ver con el supuesto conflicto de interés en el que habrían incurrido su hijo mayor, Jose Ramon López Beltran y su esposa, Carolyn Adams, al habitar la lujosa casa de Keith L. Schilling, alto ejecutivo de la Compañía Baker Hugues.
Esta petrolera, de las más grandes del mundo, tiene contratos con Pemex por 151 millones de dólares, según investigación de Mexicanos contra la Corrupción y Latinus.
El primer punto va a ser presentado por la senadora Lilly Téllez. Propone la creación de una Comisión Especial para Investigar los posibles actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito “o cualquier otro posible delito que se relacione con las casas en las que ha vivido Jose Ramón López Beltrán, hijo del presidente, en la Ciudad de Houston, Texas.”
El segundo exige que la Función Pública, la UIF, y la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la FGR investiguen si hubo o no conflicto de interés.
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Cinco alcaldes de oposición en la CDMX entregaron un oficio a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica –algo así con la UIF local- para confirmar si el gobierno de Sheinbaum ha pedido información sobre su patrimonio personal.
Se trata de Lía Limón, Alvaro Obregón; Sandra Cuevas, Cuauhtémoc: Mauricio Tabe, Miguel Hidalgo; Giovanni Gutiérrez, Coyoacán, y Santiago Taboada, Benito Juárez.
De acuerdo a información publicada por el diario Reforma, firmada por Peniley Ramírez, el pasado 20 de enero llegaron a los bancos las solicitudes de información mencionadas.
En el oficio, los alcaldes aludidos solicitan confirmación “a fin de que en caso de que existan tales solicitudes, informes, reportes, expedientes, archivos y/o carpetas de investigación… se brinden las facilidades respectivas para acceder a los registros y estar en posibilidad de ejercer el derecho de defensa oportuna.”
FIN.
