Marissa Rivera.
Lourdes tenía miedo.
El año pasado tuvo una advertencia, su automóvil estacionado fuera de su casa fue baleado.
Se sabía vulnerable, temía por su vida y por eso pidió ayuda.
Solicitó seguridad por la noche, pero fue ignorada.
De manera que de nada sirvió estar inscrita en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La noche del domingo un disparo en la cara terminó con su vida. En un país donde se ejerce el poder descalificando a los periodistas que no son afines o que todo lo cuestionan.
Lourdes es la tercera periodista asesinada en este 2022 y la 28 en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, según cifras de la organización Artículo 19.
Indignación, impotencia y coraje es lo que provoca una muerte como la de Lourdes.
Porque en México 9 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan impune.
Ser periodista, en el país, tiene sus altos riesgos.
Las agresiones, amenazas, ataques, acosos y asesinatos contra los comunicadores en México no paran.
Desde hace algunos años, México se ha convertido en el más letal de todo el mundo para ejercer el periodismo.
A lo que hay que sumarle los reporteros desaparecidos y los comunicadores que han tenido que cambiar su lugar de residencia por amenazas a ellos y sus familias.
Hay plumas y voces que son incomodas, por eso los matan, para silenciar sus voces críticas.
Pero todos los casos están impunes, a pesar de que tanto autoridades locales como el gobierno federal se han comprometido a esclarecer los hechos.
Sin embargo, mientras crecen los homicidios de periodistas, crece la impunidad.
Diversos organismos nacionales e internacionales han pedido al gobierno federal atender la violencia ejercida contra los periodistas.
Para Reporteros sin frontera no existe “ningún avance en sus promesas de un cambio de rumbo respecto a la protección del periodismo y la persecución de los crímenes a periodistas. Al contrario, la impunidad sigue siendo la ley”.
En México no solo no se apoya a los periodistas, desde el paredón mañanero se les señala.
En cadena nacional se condena a los comunicadores que cuestionan los “otros datos” del presidente.
Se desacredita a quienes escriben contra él o exhiben la corrupción y/o escándalos dentro de su administración.
El Presidente insiste en que en su gobierno se ejerce la libre expresión y que a nadie se le ha limitado ese derecho. Puede que tenga razón.
Pero su hostilidad con comunicadores y medios de comunicación es permanente.
El asesinato de periodistas no le ha importado ni a las autoridades estatales ni a las federales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no existe.
No es suficiente condenar e insistir con la misma y vacía cantaleta de “se llegará hasta las últimas consecuencias”.
México sigue condenado a ocupar los primeros lugares de letalidad para los comunicadores.
Descanse en Paz, Lourdes Maldonado, mis condolencias y mi solidaridad con su familia.
