Francisco Garfias.
Cuauhtémoc Blanco atraviesa su peor momento desde que dejó el futbol para dedicarse a la política. Al gobernador de orelos le metieron un golazo con la difusión de la foto en la que aparece muy abrazado con jefes del narco en Morelos.
Las explicaciones que siguieron a la escandalosa imagen fueron poco convincentes. “Me saco fotos con todo el mundo…a lo mejor aparecen otras”, dijo.
Al asunto se enredó aún más cuando trascendió que Adrian Lebarón le envió una carta al Presidente Biden –y no a AMLO— en la que pide se investigue a Cuauhtémoc.
Acorralado, Blanco recurrió a uno de los trucos más viejos del mundo para desviar la atención: provocar un escándalo para hacer olvidar el suyo.
Ayer se apersonó en la FGR para presentar una denuncia por una supuesta “guerra sucia” de narcopolíticos en su contra.
En concreto acusó al ex gobernador, Graco Ramírez, y a su titular de Seguridad, Alberto Capella, de haber pactado con El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos.
Buscamos una reacción de Graco. Llegó rápido vía WhatsApp: “No hay nada. Quieren cambiar la conversación”, nos dijo. Más adelante puntualizó: “Es bronca entre hampones y no política.”
Alberto Capella fue más lejos. Dio a conocer que va a demandar Cuauhtémoc por difamación.
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A las 12:33 horas de ayer sonó el celular. Una voz femenina preguntó si aceptaba una llamada del reclusorio. Intuí que era Rosario Robles. No me equivoqué. Días antes había sido prevenido de las intenciones de la ex secretaria de estado de hacerme esa llamada en cuanto pudiera.
“Aquí resistiendo”, fue lo primero que nos dijo, cuando le preguntamos cómo estaba. Enseguida nos comentó que se encuentra totalmente aislada, como medida preventiva y en espera de que le hagan la prueba Covid-19.
No, no tiene síntomas. La separaron del resto de las reclusas, luego que acudió al hospital a consulta médica. El protocolo sanitario se endureció por la alta carga viral de Omicron. Si hay una contagiada, aislan a toda la estancia.
Pero ese protocolo marca que son cinco días de aislamiento. Lleva ocho y contando…
Enseguida entró en materia. Nos dijo que en dos años y medio que lleva presa, la Fiscalía General de la República no ha podido comprobarle ni un peso de los 5 mil millones que supuestamente fueron desviados en la famosa estafa maestra.
Y como no le han encontrado nada se fueron sobre ex colaboradores suyos para tratar de sacar algo. Ya vincularon a proceso a Enrique González Tiburcio, lo mismo intentan con Ramón Sosamontes y con Armando Saldaña.
Todo a partir de los dichos de otro ex colaborador que traicionó su confianza y se acogió al criterio de oportunidad para salvar el pellejo: Emilio Zebadúa.
Rosario no sabe cuándo tendrá la siguiente audiencia, luego de que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos resolviera, en octubre pasado, que permanezca encerrada –y sin sentencia—a pesar de que esta en la cárcel por ejercicio indebido de la función pública, un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.
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“Quieren dejarnos fuera de la jugada”, nos dice.
Xavier Nava, ex alcalde de San Luis Potosí, al comentar el voto unánime del Congreso de San Luis Potosí para enjuiciarlo políticamente.
Al ex alcalde lo inhabilitaron por 18 años, junto con otros nueve integrantes de su cabildo, por supuestamente no respetar un amparo y construir un puente sobre un ejido en la capital del estado.
También fue inhabilitado el ex presidente municipal Alfredo Lujambio Cataño, regidor en la capital, quien ya hasta susbtituto tiene.
Nava y sus ex colaboradores se fueron al amparo. Alegan que los trabajos de construcción del puente se materializan sobre una vialdad preexistente – un tramo del boulevard Rocha Cordero– que data, aproximadamente, de 1973 y se encuentra en posesión del gobierno de SLP.
Explica el voto a favor de que lo enjuicien políticamente por las “presiones” que ejerce sobre ellos el gobernador Ricardo Gallardo.
Hoy es la audiencia en la que el nieto del célebre doctor Salvador Nava conocerá los alcances de esa suspensión. Javier ve posibilidades de que Lujambio –quien tiene señalamientos de acoso sexual– regrese al cabildo.
“Si lo regresan queda en ridículo todo el Congreso… se confabulan para joder”.
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Eso de la austeridad impuesta al INE se parece al Covid. Es contagiosa. Al Instituto Electoral de la Ciudad de México le recortaron el presupuesto de 1,900 millones de pesos a 1,200 millones.
Son 600 millones de pesos menos que obligaron a despedir a los “eventuales”, pero también a eliminar prestaciones como el seguro de gastos médicos, separación individualizada y a retroceder importante tarea que el IECM desempeña.
Como el cangrejo.
FIN.