Por. José C. Serrano
La delincuencia organizada se ha manifestado en México, a través de diversos delitos, el de secuestro en particular, ha sido el que más han sufrido de forma directa y violenta aquellas personas que han padecido esta terrible conducta antisocial.
Se considera que este delito ha dañado en gran medida a la sociedad mexicana en su conjunto, pues, con el advenimiento de nuevas modalidades (además de la extorsiva) como el secuestro exprés, o el secuestro virtual, entre otras, deja más vulnerables tanto a las víctimas directas como a sus familiares.
La legislación actual del delito de secuestro, permite advertir la necesidad de una uniformidad en todas las entidades federativas para su comprensión y aplicación efectiva. Aún prevalecen la retórica huérfana y la grandilocuencia de los lugares comunes: todo el peso de la ley y hasta las últimas consecuencias.
José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, ha pasado detenido año y medio y aún mantiene otro proceso abierto por tentativa de homicidio contra servidores públicos, así como por el robo de combustible que lo consolidó en el Cártel de Santa Rosa de Lima desde Guanajuato.
El Marro fue condenado a 60 años de prisión por un tribunal del Poder Judicial de Guanajuato, al ser encontrado culpable de secuestro agravado en contra de una empresaria de Celaya, y deberá pagar una multa de 327 mil pesos por el caso.
En una audiencia virtual realizada en el Centro de Justicia del penal Mil de Valle de Santiago, la Fiscalía de Guanajuato presentó cargos correspondientes al fuero común en contra del cabecilla criminal y sus colaboradores. Un Tribunal de Juicio Oral evaluó las pruebas durante más de cuatro horas y condenó a los responsables.
De acuerdo con la dependencia ministerial Yépez Ortiz fue declarado culpable junto con cinco sujetos que lo acompañaban el 2 de agosto de 2020, cuando se liberó a la persona secuestrada, y todos los del Cártel de Santa Rosa de Lima quedaron asegurados desde una finca de Juventino Rosas.
A petición de la autoridad federal, El Marro fue recluido en el penal de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, durante más de un año y fue la defensa quien buscó retrasar la audiencia final bajo el argumento de falta de información en los expedientes, asimismo, solicitó tiempo adicional para leer las pruebas y buscar testigos.
El miércoles 5 de enero de 2022 se dio a conocer que no recibió el amparo solicitado tras sus denuncias de maltrato y aislamiento durante su reclusión, ya que no probó tales acusaciones, las cuales también fueron negadas por personal de la cárcel ubicada en Almoloya, Estado de México.
Con la detención de sus cabecillas y el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) disminuyó en poderío, pero la criminalidad sigue imparable en Guanajuato, que se posiciona como la entidad de todo el país con más asesinatos, pues, entre 2015 y 2021 han llegado a más de 8 mil casos. La narcoguerra aún sigue.
Las autoridades ministeriales y judiciales aún están en deuda con la sociedad. Las cifras que reportan expertos e investigadores independientes reflejan una disparidad entre el número de sentenciados por el delito de secuestro y el número de personas privadas de su libertad.
La delincuencia organizada es un poliedro, en cuanto a los delitos que engloba. Generalmente, se judicializan averiguaciones previas y carpetas de investigación que contienen ilícitos que implican sentencias menores: delitos contra la salud o portación ilegal de armas de fuego. Con esa actitud irresponsable envían un mensaje muy claro: Las personas secuestradas y, posteriormente desaparecidas tienen una eternidad para esperar.
