México.- La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) planteó la creación de una Comisión Especial que investigue las persecuciones políticas y abuso de autoridad en Veracruz.
Sostuvo que existe un creciente número de casos de políticos, empresarios, periodistas, jóvenes y ciudadanos considerados “incómodos” para el gobierno del morenista Cuitláhuac García en el estado.
En un comunicado, informó que con este objetivo presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, ya que, contrario a lo que establece la Constitución, en México y particularmente Veracruz, no se está viviendo en un Estado de legalidad.
“La coerción, la corrupta procuración de justicia y el uso belicoso y vengativo de la estructura del gobierno es la estampa por la que será recordado el actual gobernador”, afirmó
Aseveró que en Veracruz se vive en un clima de desconcierto, intranquilidad y, hasta cierto punto, temor porque desde el 11 de marzo de 2021, fue publicado en la ‘Gaceta Oficial’, el decreto número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado sobre el recrudecimiento en la penalización por “ultrajes a la autoridad”.
Señaló que, aunque el delito ya era vigente, esas modificaciones han causado polémica e incluso, se han pronunciado en contra colegios de abogados, organizaciones civiles, agrupaciones y partidos políticos pues, desde esa fecha, se le ha dado la connotación de yugo con el que se ha sometido a políticos, jóvenes, empresarios, simpatizantes partidistas, a quienes ejercen la profesión del periodismo, y a cualquier ciudadano que sea considerado “incómodo” para el gobierno en turno.
“Hace meses denunciamos la grave situación que impera en Veracruz, el desastre de ilegalidad, el vacío de gobernabilidad y los abusos autoritarios. El 14 de octubre, el diputado Jesús Alberto Velázquez propuso la creación de una Comisión Especial que investigara las persecuciones políticas por parte del Gobierno del Estado de Veracruz”, indicó.
Resaltó que el PRD rechaza el abuso de poder, la justicia selectiva y el uso faccioso de las instituciones públicas con fines de persecución y represión, insistió.
“En el Estado de derecho y la democracia no puede haber cabida a ningún tipo de prácticas autoritarias, ni debemos permitir que las instituciones se usen como armas políticas, ni simular juicios a conveniencia, ni perseguir a aquellos cuyo único delito es ser incómodos a los regímenes de gobierno. No a la construcción ni a la simulación y fabricación de pruebas, sí al respeto y reconocimiento de las administraciones que han servido a la ciudadanía; sí a la justicia pronta y expedita”, manifestó.
La perredista saludó el hecho de que ya se hayan dado cuenta los otros partidos sobre esta situación; pero –expuso- es necesario hacer hincapié en que el PRD lo advirtió hace mucho tiempo, y no sólo eso, sino que hizo notar la necesidad de que actuemos ya.
“Reiteramos nuestro compromiso con la población y hacemos un llamado respetuoso para que se recompongan el Estado de derecho y las instituciones de dicha entidad, así como para evitar la politización de la justicia”, refrendó.
Asimismo, enlistó los nombres de los personajes detenidos por el régimen de Cuitláhuac García:
Gregorio Gómez, candidato a la alcaldía de Tihuatlán; Norma Azucena Rodríguez Zamora, ex diputada federal; Nicolás Ruiz, candidato en Minatitlán; Tito Delfín, compañero panista; Omar Ramírez Fuentes, alcalde de Cazones.
Además, Yolli García, ex Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; Ángel Vichy, presidente municipal de Lerdo de Tejada y, por supuesto, un compañero comprometido con la democracia veracruzana y servidor público ejemplar, además de diputado federal electo para esta legislatura: Rogelio Franco Castán.
“Son algunos de los ejemplos de las personas dedicadas a la política de oposición en Veracruz y que hoy se encuentran encarceladas. Y el delito adjudicado a estas personas, es el de: ultrajes a la autoridad. Es una falacia jurídica que ha costado cárcel e ignominia, sin el debido proceso”, acusó.
Finalmente, expuso que la Comisión Especial estaría integrada por al menos un representante de los grupos parlamentarios de esta Comisión Permanente, con una duración desde su conformación a la conclusión de la presente legislatura o bien, cuando se haya logrado el objetivo que le dio origen.
Con información de la Cámara de Diputados
