México.- La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, presentó una iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, deberán garantizar el derecho a no ser discriminado.
La propuesta busca contribuir a la formación de una política pública integral que combata efectivamente la discriminación por razón de edad en los centros de trabajo.
El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destaca que esa discriminación es una problemática de gran sensibilidad social que requiere de la búsqueda constante de soluciones, debido a que es una realidad que afecta a millones de mexicanas y mexicanos mayores de 35 años, cuyas oportunidades en el mercado laboral son cada vez más acotadas.
Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG), son muy claros en este sentido, ya que el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el mercado laboral dejan fuera a los mayores de 35 años, menciona.
Hace notar que la oferta laboral disponible para ese segmento poblacional se reduce a 10 por ciento, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante, desperdiciándose así años de experiencia.
En el caso de las personas adultas mayores, la problemática anterior se acentúa al considerar que los empleos a los que pueden acceder se caracterizan por los bajos sueldos, precisa.
Añade que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las personas adultas mayores son las que en promedio tienen menor ingreso por hora en el trabajo extradoméstico con respecto al grueso de la población y, por lo general, son contratadas en actividades como guardias de seguridad o personal de limpieza.
Destaca que a pesar de las numerosas disposiciones jurídicas es de observar que a la fecha persisten barreras injustificadas que limitan el acceso de este grupo social a sus derechos laborales.
Señala que las proyecciones demográficas de México muestran una clara tendencia al envejecimiento progresivo de la población durante los próximos treinta años, lo que significa una problemática apremiante que con certeza presentará grandes retos para la política pública mexicana.
En suma, estas tendencias permiten anticipar que la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho al empleo, los ingresos, el retiro y la seguridad financiera de su población será puesta a prueba en los próximos años, puntualiza.
Con información de la Cámara de Diputados
