México.- Al participar en la presentación de la Consulta Nacional ‘Nuestra Voz en la Pandemia’, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román, señaló que se reconoce al Congreso de la Unión como un actor relevante y necesario para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en México.
Lo anterior –enfatizó– “tal como lo mandata nuestra Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual ordena la máxima interlocución y articulación entre poderes públicos, niveles de gobierno y sectores sociales, a fin de mejorar las condiciones de vida de todas las personas de cero a diecisiete años de edad en el país”.
En el Senado de la República, Constanza Tort San Román subrayó que la intervención del congreso es fundamental para el presente y el futuro de la niñez y adolescencia, dado que sus decisiones pueden marcar un escenario que den continuidad a los avances en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Por eso, remarcó, es importante que las Comisiones de la Niñez y la Adolescencia de ambas cámaras trabajen coordinadamente y convoquen a estos encuentros, que permiten insistir en la responsabilidad del Estado mexicano con su niñez.
Reconoció el trabajo colaborativo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales al crear nuevos mecanismos y acciones para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Muestra de ello –dijo– es la Consulta Nacional ‘Nuestra voz en la pandemia’ que realizó World Vision México, en la que participaron 70 mil 562 niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años, con el propósito de escuchar sus opiniones e inquietudes respecto a temas de su interés.
Apuntó que la participación de esta población es un derecho tutelado por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución y la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que debe garantizarse desde el ejercicio público.
Para la consulta, se hicieron tres preguntas: sobre su relación con las personas adultas al estar en casa durante la pandemia por COVID-19; qué requieren para que cada uno de sus espacios sean lugares seguros y libres de violencia; y qué recomiendan. Algunas de sus respuestas fueron: promover el amor y el respeto; que se les informe sobre lo que implica la violencia contra la niñez; facilitar los mecanismos de denuncia y castigar a los culpables; así como leyes que les protejan.
Indicó que erradicar las violencias que enfrentan, demanda la más amplia articulación de todas las autoridades, con perspectiva de integralidad para atender tanto los hechos como las causas que las originan.
Bajo este contexto, remarcó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que dentro de las atribuciones que tienen los municipios están las de elaborar un programa municipal de protección y participar en la elaboración del estatal; promover la participación de niñas, niños y adolescentes; recibir quejas y denuncias por violaciones a sus derechos; y auxiliar a las procuradurías de protección en las medidas urgentes para la restitución de sus derechos.
Expuso que partir del Plan de Acción de México en la Alianza Global para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes se han identificado acciones recomendadas para implementar desde el ámbito municipal. Algunas son:
- Garantizar la prevención, atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de diferentes formas de violencia, desde detección hasta restitución de sus derechos, mediante una estrategia de fortalecimiento para la articulación de autoridades municipales en colaboración con autoridades estatales.
- Reforzar capacitación de primeros respondientes para protección de esta población víctima de violencia, desde un enfoque de derechos de niñez y adolescencias.
- Crear o fortalecer la ruta de actuación interinstitucional de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias.
- Fortalecer y coordinar acciones de prevención de la violencia a través de intervenciones en los espacios de mayor índice de vulnerabilidad para ellas y ellos.
- Promover acciones comunitarias para reconstrucción del tejido social que coloquen en el centro la participación de niñas, niños y adolescentes.
- Articular programas municipales, estatales y federales, a fin que se trabaje en coordinación con los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes y, con ello, lograr avances más contundentes en la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra esta población.
Con información de la SEGOB
