Por. José C. Serrano
Especialistas en criminología definen al crimen como toda conducta antisocial.
En su visita reciente al país (del 17 al 26 de noviembre de 2021), el Comité Contra la Desaparición Forzada, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresó, sin rodeos que “En México, la desaparición es el paradigma del crimen perfecto”.
Durante su estancia en tierras mexicanas los integrantes del comité visitaron 13 entidades federativas, se entrevistaron con más de 80 autoridades, sostuvieron 33 reuniones con cientos de víctimas, decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Cabe destacar que su informe final será presentado en marzo del año próximo, pero su balance al final de la visita ya apunta a las principales preocupaciones con las que llegaron al país y sobre las cuales elaborarán sus recomendaciones. Estas son: ¿existen patrones generalizados y sistemáticos de desaparición en México?, y ¿son capaces las instituciones de prevenir, juzgar este crimen y, reparar a las víctimas?
El grupo de expertos constató que, hasta la fecha se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan la impunidad y la revictimización; la situación ha crecido en el número de personas desaparecidas, siendo no sólo una herencia del pasado, sino que, aún persiste.
El comité pudo recabar información y testimonios que señalan “la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado. Dicha información apuntaría a la existencia de desapariciones sistemáticas y ya no sólo generalizadas, lo cual develaría un plan deliberado para cometerlas con el apoyo, aquiescencia u omisión del Estado: crímenes de lesa humanidad.
Ante una impunidad que es casi absoluta, ¿qué toca hacer? Los expertos señalan que la lucha en contra de la impunidad es impostergable, lo cual exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas, entre ellas: la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías, como una suerte de discrecionalidad que los lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas; un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado y, una notoria falta de confianza de las víctimas a las instituciones acrecentada por la ínfima cifra de acusaciones formuladas, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición, y por el efecto alentador que, para los perpetradores, tiene la impunidad.
El informe preliminar aborda otros temas como la crisis forense, las fosas clandestinas, la falta de coordinación entre autoridades para las búsquedas, la falta de registros confiables, las amenazas, asesinatos y desaparición de madres buscadoras, lo cual implica una profunda comprensión del fenómeno y de la crisis institucional que priva en México.
En suma, los expertos reconocen la inmensidad del reto para el país, pero también para el propio comité cuando tenga que elaborar sus recomendaciones porque, ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones sobre su desaparición.
Algunos juzgadores, agentes ministeriales y, policías de diversas corporaciones se anclaron al pasado, aún suelen decir: si no hay cuerpo, no hay delito. La realidad actual los ha tomado por sorpresa, cuando les demuestra que, precisamente, en la desaparición de personas está el delito que sus ojos miopes no miran.
